La Alcaldía Iztapalapa condena las falsas acusaciones emitidas por el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Triana Tena, respecto de la instalación de bases de taxis en esta demarcación. El integrante del Congreso de la Ciudad de México denigra al Poder Legislativo de la capital al mostrar ignorancia o fingirla en su afán de obtener un poco de atención, mediante la difamación de funcionarios de la demarcación.
Conforme al marco legal vigente en la Ciudad de México, cuyo conocimiento es obligación ineludible de todo legislador, la regulación del servicio de transporte concesionado de pasajeros en la modalidad de taxis no corresponde a las Alcaldías, por lo que es imposible que éstas puedan autorizar o no la instalación de bases de este tipo de vehículos y menos aún solapar o tolerar su operación.
La facultad de otorgar permisos para habilitar bases en vías primarias o secundarias corresponde, conforme a la ley en la materia, a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y dicha dependencia aplica actualmente una política de no otorgar este tipo de autorizaciones.
Más aún, la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Iztapalapa ha fortalecido los operativos para el retiro de bases de taxis “piratas” en la avenida Tláhuac y en todos los espacios que este tipo de automovilistas han tratado de adecuar como bases en distintas zonas de la demarcación, como se lo podrán informar en esa dependencia.
Por todo lo anterior, la Alcaldía Iztapalapa exige al diputado Jorge Triana Tena que, con el propósito de aplicar estrictamente el marco legal de la Ciudad de México, exhiba los permisos que asegura fueron otorgados por funcionarios de las áreas de Gobierno y Jurídico y/o las pruebas de que solapan bases de taxis piratas; además, que interponga el recurso legal procedente ante la Contraloría General de la Ciudad de México para que se haga la investigación y se emita la resolución correspondiente.
El legislador no puede argumentar que fue transmisor de las denuncias de un grupo de ciudadanos, a quienes, en todo caso, tiene la obligación de atender, orientar y explicar las facultades y atribuciones de cada dependencia para que ellos, a su vez, emprendan las acciones legales que consideren pertinentes con corrección y no sólo usarlos para difamar y atraer la atención mediática en su provecho personal.
Si bien es cierto que los legisladores tienen entre sus funciones supervisar el ejercicio de gobierno, esto en modo alguno implica que tengan autorización para falsear información en perjuicio de los servidores públicos.
