Con la reciente reforma al artículo 345 BIS y la adición del 346 Bis del Código Penal local por parte del pleno del Congreso de la Ciudad de México, no habrá tregua para los talamontes y se castigará con mayor severidad el daño medioambiental que ocasiona el derribo ilegal de árboles en áreas boscosas de la metrópoli, dejó en claro la presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del órgano deliberativo, la diputada priísta Tania Larios Pérez.
Reconoció que a pesar de los esfuerzos que buscan desincentivar la tala ilegal, como es el caso de acciones sociales que existen en favor de quienes cuidan el suelo de conservación y las áreas verdes de la capital del país, como el Programa Altépetl Bienestar o Reto Verde, el arbolado continúa en amenaza, por lo que el endurecimiento de normas era fundamental.
A su vez, la vicecoordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, la congresista Xóchitl Bravo Espinosa, refirió que las modificaciones al Código Penal del Distrito Federal, no sólo permitirán combatir con mayor eficacia la destrucción de los bosques de la Ciudad de México, sino también apoyar a las comunidades originarias en la protección de éstos.
“Conozco de primera mano la emergencia que se vive por la destrucción de nuestros bosques. Por ello, esta reforma es absolutamente necesaria y urgente. En la alcaldía Tlalpan, de donde provengo, los pobladores originarios de los bosques están exigiendo que se acabe la tala clandestina y son ellos quienes incluso se han enfrentado a los taladores arriesgando sus vidas”, precisó.
La diputada local afiliada a Morena acotó que los bosques de Tlalpan son parte esencial de la cultura de los habitantes de la demarcación, por lo que es necesario que toda la sociedad se ponga del lado de los pueblos originarios, quienes piden que las áreas verdes sean protegidos. “Estos son los pulmones, el reservorio de agua del sur de nuestra ciudad y su importancia es incalculable”, aseveró.
Tania Larios, legisladora de la bancada del PRI, hizo notar que en el dictamen aprobado por el Congreso se tomaron en cuenta tres iniciativas para combatir el daño ambiental, una de la diputada Elizabeth Mateos Hernández que funge como coordinadora de Mujeres Demócratas, otra del jefe de gobierno Martí Batres y la de su autoría.
Reconoció que el trabajo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia como instancia dictaminadora, permitió avanzar en un marco jurídico sólido contra una práctica ilegal y clandestina que pone en peligro no sólo el equilibrio ecológico sino la vida de todos los habitantes de la urbe.
Destacó que si bien la tala ilegal no es un problema nuevo en la metrópoli, ha empeorado en los últimos años al afectar a alrededor de 3 a 4 mil hectáreas, lo que equivale a cuatro veces la superficie del Bosque de Chapultepec.
Mencionó que se está en una crisis ambiental severa que requiere medidas acordes a la situación, un marco jurídico más severo que permita proteger el suelo de conservación como el recientemente aprobado, debido a que los talamontes lucran con el patrimonio natural de la ciudad y comprometen tanto el presente como el futuro de la ciudad.
Expuso que con lo avalado por el Congreso se actualiza el marco jurídico aplicable y se endurecen las sanciones, además de combatir la impunidad en relación con la tala ilegal.
Difundió que aumentan las penas de prisión hasta 20 años y las sanciones económicas hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización vigentes para quienes derriben, talen o causen la muerte de uno o más árboles en áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, barrancas o Suelo de Conservación.
La pena aumenta en una mitad cuando los participantes sean servidores públicos o beneficiarios de programas sociales de protección al medio ambiente.
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Coincidieron las representantes populares en que el delito de tala se ha vuelto tan extendido y común en las alcaldías; el problema se ha presentado en bosques de Tláhuac, Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco y algunas zonas de Álvaro Obregón.
Xóchitl Bravo Espinosa señaló que, sin duda, las modificaciones al Código Penal del Distrito Federal son fundamentales para las 16 demarcaciones, porque se incrementan los castigos contra la tala ilegal de árboles y los aserraderos clandestinos, así como a las diversas actividades ilícitas alrededor de ello.
“Si bien avanzamos en nuestra responsabilidad como Congreso, se debe abarcar más allá de las sanciones punitivas. Es decir, debemos trabajar en la cultura del cuidado y la prevención de la explotación ilegal de nuestros bosques y apoyar a las comunidades que los cuidan”, declaró.
Externó su confianza de que con la aprobación de las reformas por parte del pleno del Congreso capitalino, también se abra la puerta a un análisis multifactorial de esta problemática.
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