La reasignación de seguros de gastos médicos privados, viáticos y gastos de representación, entre otros como asignar policías como escolta y seguridad para ciertos funcionario representó un ahorro de 200 millones al erario público.
En el Tercer Informe de Gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum se indica que detectaron la práctica común de asignar policías como escolta y seguridad para ciertos funcionarios por lo que la administra actual del Gobierno capitalino decidió reasignar a este personal para la seguridad de todos los ciudadanos, con excepción de los elementos policiales destinados a proteger a los titulares que, por su trabajo, requieren acompañamiento especial.
A partir de diciembre de 2018 fue reestructurada la plantilla de personal a través de una revisión de todas y cada una de las plazas para identificar funciones duplicadas y/o injustificadas.
Como resultado, en el primer año, fueron suprimidas mil 712 plazas, incluidas algunas de mandos altos, reduciendo la estructura gubernamental en 15%.
Adicionalmente, en agosto de 2020 se extinguió el Organismo Público Descentralizado denominado Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, y en mayo de 2021 se extinguió procdmX S.a de c.v., por ser organismos que ya no cumplían con el objeto para el cual habían creados y su existencia no se justificaba desde el punto de vista económico o por las funciones que realizaban.
Los ahorros generados, cercanos a 600 millones, fueron empleados para dar viabilidad financiera a la creación de nuevas instituciones, mandatadas por la Constitución, como la Agencia Digital de Innovación Pública, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.
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Además se aseguraron los recursos para la transición de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como la construcción y equipamiento de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” y de la Universidad de la Salud.
Y con la aparición de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 el Gobierno local se vio obligado acelerar la estrategia de modernización fiscal, reforzando las medidas de austeridad y racionalización de los recursos públicos en todas las Unidades Responsables de Gasto con el fin de ajustar el presupuesto y atender la emergencia sanitaria.
Todas las instituciones públicas redujeron su presupuesto en rubros que no afectaron su operación, ni la entrega de apoyos y subsidios para la población y las reducciones se aplicaron en conceptos de materiales y suministros, servicios generales y capacitación.
El trabajo a distancia por varios meses, disminuyó el uso de materiales y suministros como papelería, refacciones, servicios de impresión y fotocopiado, arrendamiento de edificios, combustibles, entre otros y se dejó de contratar servicios de capacitación, imprenta y mantenimiento sin impactar la capacidad para dar atención a la ciudadanía.
Además se canceló la adquisición de algunos bienes como vehículos, mobiliario y software que, a pesar de ser necesarios para la renovación del inventario de las Unidades Responsables de Gasto, no afectaron su operación. A la par, algunos de los proyectos de inversión fueron reprogramados, trasladando parte de su ejecución al presente año, sin afectar su realización.
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