A su llegada al zócalo, la marcha conmemorativa del 2 de octubre, por el 55 aniversario de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, que encabezó del Comité 68 Pro libertad Democrática, con la consigna de “no al poder militar, organicemos el poder popular”, exigió justicia, “no más irregularidades, simulaciones y mentiras que oculta la verdadera intención del gobierno: proteger al Ejército, lavarles las manos y mantenerlos en total impunidad.
“A 55 años del genocidio perpetrado en Tlatelolco, no aceptamos, la justicia transicional, instrumento político, que es empleado por el gobierno actual para poner punto final a las exigencias de justicia históricas, a través de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, misma que se presenta como un mecanismo que garantiza la paz y la reconciliación nacional”, fue parte del pronunciamiento de los lideres del comité que encabezaba la protesta.
- También te puede interesar: 2 de octubre: Películas y documentales para entender el Movimiento Estudiantil de 1968
En medio de su discurso bajo la lluvia, el líder histórico del Movimiento Estudiantil de 1968, Félix Hernández Gamundi, pidió “no caer en actos de provocación”, debido a que los integrantes del bloque vestidos de negro y con los rostros cubiertos comenzaron a lanzar bombas molotov e intentaron derribar las vallas que rodean Palacio Nacional.
Afirmó que el genocidio del 2 de octubre de 1968, continúa en total impunidad. La Fiscalía General de la República no cumple con su función constitucional de investigación y persecución de los perpetradores y desde 2007 no ha ejercitado acción penal contra los autores materiales que aún viven.
Acusan complicidad de la FGR
Su estrategia de impunidad, dijo, ha sido dejar que pase el tiempo para que los perpetradores mueran en la impunidad, tal como sucedió con el ex presidente Luis Echeverría, que murió en calidad de imputado en la Averiguación Previa SIEDF/262/07 que es la que se encuentra vigente y que sigue sin que el Ministerio Público Federal Titular de la Mesa V de la Coordinación de Investigación de las Subprocuraduría Especializada e Investigación de Delitos Federales de la FGR, realice las actuaciones de investigación y persecución de los responsables del genocidio.
“Por lo que exigimos que el Fiscal General de República, deje seguir solapando y siendo cómplice de los genocidas y actúe conforme a sus atribuciones constitucionales”.
En su pronunciamiento, resaltó que la Comisión para el Acceso a la Verdad, garantiza la impunidad al priorizar procesos de memoria institucional por encima de los procesos judiciales.
Promueve la "democratización de las víctimas" a través de imponer la Teoría de los Dos Demonios y la obediencia debida, ambas experiencias garantizan la protección de las Fuerzas Armadas. Aunado a la nula participación que la Fiscalía General de la República ha tenido en el proceso y la no existencia y operatividad del Mecanismo de Impulso a la Justicia en esta Comisión.
“Exigimos un proceso real de justicia, un proceso que logre condenar a los responsables, incluidos militares y civiles. Lo mismo sucede con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que exigen se entreguen los archivos del ejército y el actual gobierno ha decidido respaldarlo en su negativa a hacerlo, tal como lo denuncian los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas”, indicó.
Hernández Gamundi subrayó que a 55 años del Movimiento Estudiantil y Popular de 1968, el pueblo mexicano continúa haciendo suyos los principios democráticos y las acciones político-organizativas de nuestras compañeras y compañeros que ganaron las calles y desafiaron con conciencia revolucionaria al régimen autoritario.
Durante mitin recordaron al Batallón Olimpia
Durante los meses que duró el Movimiento, el Estado planificó y ejecutó acciones con la intención de destruir la organización que iba creciendo. Desde los primeros días envió a la policía y los cuerpos de granaderos a reprimir a las y los estudiantes, indicó.
Resaltó que las fuerzas militares al mando del General Marcelino García Barragán tomaron el control y la Ciudad de México fue puesta en estado de sitio. Se creó el Batallón Olimpia; Fueron los militares quienes estuvieron al frente de la represión de estudiantes el 18 de septiembre, hasta que tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria; los que ejecutaron a los estudiantes que defendieron el Casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional el 23 y 24 de septiembre y el control de la cárcel de Lecumberri.
Comentó que actualmente México, vive una crisis humanitaria, que es resultado de la impunidad sostenida por décadas, el pueblo y sus jóvenes en particular enfrentan no sólo la represión, sino, además, hoy estamos sufriendo el flagelo de la inseguridad, los cientos de miles de víctimas mortales, desaparecidas, torturadas, desplazadas; los hogares incompletos y los proyectos de vida alterados o destroza dos son la expresión más objetiva de los costos sociales.
El gobierno sigue protegiendo al ejército cuando se trata de investigar los crímenes de estado en que ha participado y lo respalda en su negativa a entregar toda la información que tiene en su poder. Eso ha sucedido con los archivos del 2 de octubre de 1968, así como los del 26 de septiembre de 2014 de los normalistas de Ayotzinapa, por lo que el gobierno se vuelve cómplice del estado de impunidad en que se encuentran estos casos.
Esto obedece a que el actual gobierno ha entrado en un proceso de militarización que cada día va en aumento y que no tiene fin; por lo que exigimos que se entreguen los archivos en poder de los militares a la Fiscalía General de la República, para que se puedan establecer las responsabilidades penales las fuerzas armadas que participaron en estos hechos.
Por lo anterior, llamaron a construir procesos de organización popular, “necesitamos empezar a dialogar, a reconocernos en las calles para trazar nuevas realidades y una vida digna para todas y todos; necesitamos luchar porque los militares regresen a sus cuarteles y la seguridad pública esté a cargo de autoridades civiles que salvaguarden los derechos humanos y terminar con la militarización del país”.
Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem