Mientras no exista el reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas continuarán las discriminaciones, las exclusiones y el despojo de tierras de los pueblos originarios, entre otras vejaciones contra ese sector poblacional, advirtió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Myrna Araceli García Morón.
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Durante su participación en el foro denominado “Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Políticas Públicas y Reforma Institucional”, lamentó que prevalezca una brecha entre las leyes y su implementación efectiva en favor de los indígenas.
En la sede de dicha comisión, García Morón agregó que debe quedar claro que “nada sin los pueblos indígenas, todo con los pueblos indígenas”, pues insistió en que todavía está pendiente su reconocimiento jurídico, situación que afecta sus derechos fundamentales.
En el foro realizado en coordinación con el Colectivo Intercultural de Pueblos Indígenas del Estado de México, en el que participaron jefes supremos mexiquenses y representantes de personas afromexiquenses, la titular de la Comisión de Derechos Humanos destacó que en México existen 68 pueblos originarios, con más de 364 lenguas indígenas y 23.2 millones de personas se identifican como indígenas, lo que representa el 19.4 por ciento de la población mexicana.
Tras manifestar que hay diferentes tipos de violencia contra las mujeres indígenas, mencionó que el 25 por ciento de las personas de los pueblos originarios vive en pobreza, por lo que es urgente saldar la deuda histórica en favor de las etnias.
Se debe trabajar en el acceso a la justicia
Advirtió que un elemento esencial que debe atender el Estado de México es el acceso efectivo y pleno a la justicia en sus dos dimensiones fundamentales.
En primer lugar, se requiere respetar sus sistemas tradicionales o jurisdicción indígena, que permita resolver conflictos sociales en sus territorios ancestrales, respetando los principios del debido proceso y el derecho a una defensa, como lo conocen sus normas internas como leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos.
En segundo lugar, existe el desafío para lograr el acceso a la justicia desde el punto de vista formal, con el cual se garanticen derechos específicos como una defensa adecuada que incluya intérpretes, traductores, peritos y abogados especializados.
Finalmente, recordó que posiblemente en 2027 se tendrá la consolidación de la Reforma de Justicia en el Estado de México, por tanto, un desafío para la próxima Legislatura es contar con mediadores defensores públicos que integren las estructuras administrativas institucionales, notarias y notarios, juezas y jueces, magistradas y magistrados, con convocatorias específicas para personas de pueblos y comunidades indígenas.
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