El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, presentó la iniciativa de reformas al Código Penal en materia de combate a la corrupción inmobiliaria que enviará al Congreso de la Ciudad de México.
El mandatario comentó que agregarán un artículo, el 276 cuarto y crearán el capítulo 15 sobre la corrupción inmobiliaria a fin de modificar el Código Penal adecuándolo a problemáticas presentes que requieren un tratamiento cada vez más especializado.
Excedentes encima de la norma
En conferencia de prensa, el funcionario mencionó que en la iniciativa que mandaron se puede apreciar una gráfica en la que se ve que del 2009 al 2021 hubo un crecimiento exponencial de los niveles permitidos y de los niveles excedentes por encima de la norma.
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“Es un fenómeno que permite que altos funcionarios puedan amasar grandes fortunas a partir de los permisos indebidos que otorgan para que se construyan niveles excedentes, a partir de un intercambio donde el funcionario otorga los permisos y obtiene dinero o departamento”.
Causó encarecimiento de vivienda
Batres Guadarrama comentó que además se registra una problemática social a raíz de esa corrupción inmobiliaria como el encarecimiento de la vivienda y genera especulación en los costos del suelo por el número de niveles y en el impacto del agua pues las nuevas construcciones requieren agua que terminan afectando a los vecinos y temas de protección civil.
“Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, la sanción por las conductas descritas en este artículo será de 10 a 20 años de prisión con independencia de otras sanciones que correspondan a otros tipos penales, se agravarán en una mitad más las penas descritas en este artículo cuando obtenga algún beneficio económico ya sea en efectivo o en especie el propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguineidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado y a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia Administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.
El objetivo es sancionar al servidor público y a la red de familiares que intervienen actualmente en este tipo de operaciones de corrupción inmobiliaria.
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Sanciones más altas contra funcionarios
Barres Guadarrama recordó que un servidor público que cometa delitos en materia de corrupción inmobiliaria puede ser acusado también de enriquecimiento ilícito, de uso indebido de atribuciones y de aprobarse ese artículo de corrupción inmobiliaria con las sanciones que correspondan, que por cierto, las sanciones establecidas en ese caso son más altas que las que están establecidas en los otros delitos.
El mandatario aseguró que el objetivo del Gobierno capitalino es ponerle un alto a la corrupción inmobiliaria que está dañando el sano desarrollo urbano de la Ciudad de México.
Finalmente, Batres Guadarrama les encargó a los legisladores aprobar esa iniciativa en el siguiente periodo ordinario de sesiones.
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