El gobierno de la Ciudad de México ha logrado avanzar en el combate a la tala ilegal de árboles y los aserraderos clandestinos, ante el diseño de una estrategia que incluye reformas a la Constitución Política local y al Código Penal capitalino además de los constantes operativos y el apoyo a los sectores involucrados, como nunca antes se había hecho.
Coincidieron en lo anterior el integrante de la bancada de Morena en el recinto de Donceles y Allende, Carlos Hernández Mirón y la vicecoordinadora de la asociación parlamentaria del órgano deliberativo, Xóchitl Bravo Espinosa, quienes destacaron la importancia de que el Poder Legislativo local haya aprobado la iniciativa enviada por la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo sobre la reforma constitucional para proteger el suelo de conservación, así como la del actual responsable de la administración capitalina Martí Batres Guadarrma, para castigar con penas más severas la tala ilegal.
TE RECOMENDAMOS: Camioneta del Servicio de Obras de la CDMX se estrella contra poste en la VC; hay seis lesionados
“Si ya tenemos un uso de suelo de conservación y se suma el agravar el delito de tala, se conforma una estrategia, porque se trata de iniciativas vertebradas encaminadas a atender una solicitud histórica, que no se podía haber atendido en otros gobiernos capitalinos”, delineó el congresista morenista.
Aludió que dicha estrategia comenzó con la iniciativa impulsada por la ahora ex mandataria, para reclasificar el suelo en urbano y de conservación, así como eliminar el concepto “suelo rural”, que había quedado establecido en el Artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de Méxio promulgada en 2017, al tiempo que indicó que “es vertebrar toda una estrategia para seguir preservando el suelo que da servicios ambientales a la metrópoli”.
Hernández Mirón expuso que la reforma constitucional fue avalada por el pleno del Poder Legislativo, el pasado 21 de julio, la cual además asigna recursos presupuestales al suelo de conservación, con la finalidad de promover la compensación o el pago por servicios ambientales, así como protegerlo de ocupaciones irregulares.
Con relación a otra propuesta, explicó que el Congreso capitalino aprobó la modificación del Artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, para endurecer las penas contra la tala ilegal y deforestación en áreas naturales protegidas y de valor ambiental, así como barrancos.
A su vez, Xóchitl Bravo que milita en Morena, detalló que debido a los operativos contra los talamontes, particularmente en la zona boscosa de la alcaldía Tlalpan, se clausuraron 13 aserraderos clandestinos, del 6 de julio al 1 de agosto de este año.
Dijo que se han logrado recuperar mil 364 troncos; 4 mil 393 polines; 2 mil 12 tablas; mil 230 trozas de madera y 2 mil 625 piezas de madera en escuadría.
Informó que ha sostenido reuniones con organizaciones de establecimientos mercantiles que se dedican a la venta de madera y la elaboración de muebles con este material, para abordar la importancia de acabar con esta problemática.
“Me queda claro que no todas las madererías están surtidas por aserraderos clandestinos. Incluso sus dueños me han dicho que están a favor de las acciones de gobierno para combatir la tala ilegal, porque a ellos mismos les afecta, debido a que no hay una competencia igualitaria. Esto porque hay locales que adquieren más barata la madera en los aserraderos ilegales”, declaró.
Aludió que hay familias que tienen muchos años con sus madererías y que están preocupadas porque el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) colocó sellos de suspensión de actividades en varias, lo que afecta su economía y las fuentes de empleo.
Comentó que derivado de esta situación, integrantes de la Confederación de Madererías de la Ciudad de México, le plantearon la posibilidad de sostener un encuentro con el Secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz.
“Recientemente, tuvimos un acercamiento con el Secretario de Gobierno e instalamos una mesa de trabajo con los madereros y dicha confederación, para crear lineamientos para que puedan trabajar y cumplan con la normatividad, pues muchos de ellos no sabían los requisitos que deben cumplir. En esta tarea participarán las secretarías del Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano y Vivienda, entre otras dependencias”, definió.
Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem