Pequeños negocios, medianos o grandes, nadie se salva del cobro de piso y la extorsión, ilícito que se ha convertido en un “impuesto criminal”, que tienen que pagar los negocios para poder trabajar o trasladar sus mercancías.
Las consecuencias que provoca la extorsión a la sociedad en el campo de la economía y la convivencia son muy graves, alertó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
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De acuerdo con datos del mapa “Cobro de Piso”, en el primer trimestre de 2023 la ANPEC reveló que comerciantes de 22 entidades reportan haber sido víctimas de extorsión, Aguascalientes, Baja California, CDMX, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
El reporte señala que en el caso de la capital el monto de la extorsión o cobro de piso va desde los 300 hasta los 25 mil pesos, mientras que en el Estado de México la cuota es de 2 mil a 5 mil pesos.
La ANPEC informó que los grupos delictivos operan desde amenazas telefónicas y recopilación de datos para después chantajear, hasta violencia armada a los domicilios de los comercios.
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Ante tal situación, señala que los comerciantes prefieren cerrar a continuar apoyando estos tipos de ilícitos (en muchas ocasiones quedan endeudados por préstamos para cubrir la cuota) y de esa manera la actividad económica no fluye de manera local.
El organismo empresarial advierte que en casi todos los estados (con y sin reporte de cobros de piso), se reconocen asaltos a mano armada e inseguridad.
Cuauhtémoc Rivera destacó que este ilícito abate la fuerza emprendedora de la ciudadanía, ya que ataca directamente en todos los giros de negocios a aquellos que día a día se esfuerzan por encontrar márgenes de utilidad aceptables y puntos de equilibrio que les permitan mantenerse abiertos al servicio de los consumidores.
“La extorsión se dirige con total impunidad a esos negocios que son productivos y tienen vigencia en el mercado, es un impuesto ilegal e inmoral que cobra por el derecho a trabajar y fomenta la criminalidad para fondear las finanzas de las pandillas delincuenciales que azotan tres cuartas partes del territorio nacional”, apuntó.
Explicó que hay varios tipos de extorsiones: la señalada, extorsión a los negocios exitosos, cobro por derecho a piso; la extorsión carretera, cobro por derecho a tránsito; la extorsión telefónica, que va directa al ciudadano y le cobra por derecho a tener seguridad familiar.
“Este elenco de inauditos chantajes minan la paz social. Al final del día desalientan la inversión y la actividad económica, pues muchos pequeños emprendedores se ven enfrentados a la disyuntiva de pagar la extorsión o cerrar sus negocios, al no estar dispuestos a trabajar para que otros les quiten el dinero bajo amago de violencia y lo obtengan nada más alzando la mano sin ningún esfuerzo de por medio. A nadie le acomoda trabajar 14 o 16 horas para mantener a una puntilla de vándalos organizados”, comentó Cuauhtémoc Rivera.
El cobro mínimo por derecho de piso va desde los 300 o 500 pesos a la semana, por lo que un pequeño comercio de abarrotes atacado por este flagelo llega a pagar hasta 2 mil pesos mensuales para que lo dejen trabajar, cifra que representa el 20% de su utilidad al mes; sin embargo, este cobro puede alcanzar un techo de hasta 50 mil pesos, dependiendo el giro del negocio.
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Lo más grave no es el hecho mismo de la extorsión, sino que nos estamos acostumbrando a ella y cada vez la vemos con mayor naturalidad, como un fenómeno que ahí está, algo que se debe calcular a la hora de cualquier emprendimiento o apertura de negocio.
“Si alcanzas el éxito comercial con el que soñaste, al que te comprometiste y esforzaste en obtener, deberás entender y aceptar de antemano que hay que pagar un diezmo del 20% de tu utilidad a los delincuentes por ambas razones, por el derecho a trabajar y por el hecho de ganar dinero”, indicó Rivera.
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La extorsión del cobro de piso, además del costo económico, provoca en la población zozobra e inseguridad, generándole daño psicológico, la gente vive con miedo y la mayoría de las veces no sabe cómo lidiar con estas amenazas, agregó.
El líder de ANPEC destacó que la mayoría de los comercios prefieren no denunciar por temor a las represalias, por lo que solo les quedan tres opciones: pagar la extorsión, cambiar su negocio a otra parte o cerrar.
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