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Ciudad de México.- En caso de que el desarrollador del edificio ubicado en Periférico 3042, que en este momento sigue su proceso de demolición, no pague la multa de más de 61 millones de pesos ni el monto de 30 millones de pesos por concepto de demolición, el Gobierno de la Ciudad de México podrá acceder a ambos montos mediante un crédito fiscal.
Sobre el tema, la titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Mariana Boy informó que, hasta el momento, el desarrollador no ha pagado la multa.
“Se cobra a la empresa a partir de la Procuraduría Fiscal del Gobierno de la Ciudad de México ya con las sanciones en caso de que no se pague esta multa y lo que corresponde a los costos de la demolición se llama crédito fiscal, en realidad no es un crédito es un cobro que hace la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México a partir de la propia Procuraduría Fiscal”,, explicó en conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.
Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente, Marina Robles detalló que ese edificio de oficinas tuvo que ser demolido porque el desarrollador nunca demostró que tuviera uso de suelo que le permitiera hacer este tipo de obra.
Además, no se contaba con Dictamen de Impacto Urbano, Manifestación de Impacto Ambiental y había irregularidades en la manifestación de construcción y que el proyecto contaba con negativa en materia ambiental, se construyó sin autorización y se invadió la zona federal (el cuerpo de agua).
Las autoridades informaron que el 4 de julio de 2019 la Sedema emitió una resolución, a través de la cual se determinó la demolición del inmueble y la imposición de multas por un monto de 61 millones 441 mil 843.33 pesos.
En tanto que el representante legal de la desarrolladora promovió un juicio de nulidad en contra de dicha determinación ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Y aunque obtuvieron de manera provisional la suspensión del acto, a fin de continuar con la construcción, se inició un juicio de lesividad, mediante el cual se determinó la suspensión para que no se continúen con los trabajos de construcción.
Después del procedimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se desechó por extemporáneo el recurso de apelación presentado por los responsables de las obras.
Dado que ya se cumplió con el tiempo legal establecido en el dictamen de daño ambiental, se acordó que la DGEIRA lleve a cabo la demolición.
Se trataba de un edificio de oficinas contaba con 11 niveles bajo nivel de banqueta, con una superficie de construcción de 26 mil 141.39 metros cuadrados y 18 niveles sobre nivel de banqueta, con una superficie de construcción de 26 mil 881.584 metros cuadrados que tenía un avance de 75% respecto al proyecto completo y en él se invirtieron 402 millones 51 mil 855 pesos.
Marina Robles detalló que el proceso de demolición durará 60 días y en él participa, 80 personas de la Sedema, Sobse, SSC, SGIRPC e Invea.
Sobre la Torre Mitikah las autoridades comentaron que las pláticas siguen con los vecinos para llevar a cabo las obras de mitigación en beneficio de los habitantes del pueblo de Xoco.
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