La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebra el acto de disculpa pública que, con motivo de la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, llevaron a cabo, como primer acto de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la secretaria Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
Así como la firma del decreto por el que se reconoce a este hecho como un crimen de lesa humanidad por el uso de las fuerzas del Estado en contra de un sector de la población, como parte de la política represiva y contrainsurgente que el régimen autoritario implementó de manera sistemática contra las disidencias políticas y sociales desde la década de los cincuenta del siglo pasado.
“Consideramos que el reconocimiento de estos hechos es crucial para restaurar la memoria histórica y avanzar hacia la justicia buscada por décadas”.
La verdad es fundamental para garantizar la no repetición de hechos como el que tuvo lugar el 2 de octubre de 1968, y reafirmar así el compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos.
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También recomienda analizar y cambiar nombres de calles, plazas y otros espacios públicos que llevan los nombres de perpetradores de violaciones a derechos humanos, reivindicando a las personas que lucharon por la democracia y sufrieron represión.
En un comunicado destaca este acto de reconocimiento, por parte del gobierno que recién está iniciando, de la violencia ejercida por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, es de gran importancia, y abona al resarcimiento del derecho a la verdad y a responder a los reclamos históricos de las víctimas y sus familiares.
Durante aquellos años, los estudiantes y luchadores sociales fueron injustamente criminalizados y señalados como responsables de la masacre, bajo la acusación de intentar conspirar contra el Estado mexicano.
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Agregó que resulta importante que se reconozca la estrategia de violencia política de Estado en la que se inscribieron los hechos del 2 de octubre de 1968, la cual —como hemos documentado— inició en 1952 con la masacre de henriquistas en La Alameda de la Ciudad de México, y se extendió hasta entrado el siglo XXI, para castigar cualquier manifestación de descontento por la implementación de políticas empobrecedoras, que perpetuaron y profundizaron la desigualdad y de un régimen autoritario que basó su permanencia en la vulneración constante y sistemática del derecho a la democracia.
Desde el inicio de la actual gestión, en la CNDH “hemos sostenido y defendido la importancia que tienen el derecho a la verdad y el acceso a la justicia para la construcción de una sociedad más democrática, pacífica y humana”.
A través de la emisión de la Recomendación 98VG/2023 y la Recomendación General 46/2022, las cuales abordaron la sistematicidad con que la violencia política de Estado perpetró violaciones graves a derechos humanos contra luchadores por la democracia y en contra de la desigualdad social —como fueron los henriquistas y los movimientos armados como los de Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas—, hemos planteado una ruta para empujar el rescate de la memoria, la verdad y el acceso a la justicia, y por eso son alentadores actos como el celebrado el día de ayer en Palacio Nacional.
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Por las violaciones documentadas en las Recomendaciones 98VG/2023 y 46/2022, la CNDH marca una ruta a través de la acción de más de 200 autoridades para implementar medidas que impulsen la memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición, entre otras:
Reconocimiento y disculpa pública: El Estado debe reconocer su responsabilidad y ofrecer disculpas por las violaciones graves a los derechos humanos entre 1951 y 1990, cometidas por el Estado Mayor Presidencial, la Dirección Federal de Seguridad, el Ejército y otras policías políticas. Se deben implementar políticas públicas de reconocimiento.
Derecho a la memoria: Facilitar la participación ciudadana en el ejercicio del derecho a la memoria, conservar archivos y crear un Plan Nacional para la Recuperación de la Memoria y la Verdad Histórica sobre violaciones a derechos humanos por violencia política.
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Preservación de sitios de memoria: Proteger los sitios históricos relacionados con los hechos de represión y garantizar su preservación.
Atención médica especializada: Coordinar con instituciones de salud para ofrecer atención médica integral, psicológica y psiquiátrica prioritaria a víctimas directas e indirectas, sobre todo a aquellas personas mayores que enfrentan olvido, abandono y condiciones adversas.
Colaboración con Fiscalía: Presentar ante la Fiscalía General de la República y darles seguimiento a las denuncias sobre violaciones graves a los derechos humanos.
Cursos de formación militar: Implementar cursos en las academias militares y de policía sobre derechos humanos con perspectiva histórica y análisis de contexto, de manera que conozcan esta clase de hechos, además de fomentar la cultura de paz en las fuerzas armadas.
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Transferencia de archivos al AGN
Transferir al AGN los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad y del CISEN (periodo 1965-1990).
Tipificación de desaparición forzada: Incluir la desaparición forzada transitoria en el Código Penal y aprobar su tipificación como crimen de lesa humanidad en el Senado, de acuerdo con el Estatuto de Roma.
Extinción del Estado Mayor Presidencial: Si bien ya de hecho dejó de existir, es importante asentarlo en la ley no solamente como acto simbólico de reparación a las víctimas sino para que nunca en el futuro se pretenda revivirlo, lo que además permitiría garantizar el derecho a la no repetición.
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