La clausura del inmueble ubicado en la calle de José María Izazaga 89, esquina Nezahualcóyotl en pleno Centro Histórico, se debió a diversas irregularidades, así como a riesgos de protección civil, informó el jefe de gobierno, Martí Batres.
En conferencia de prensa, el mandatario capitalino puntualizó que dicho inmueble se encuentra en el polígono de Área de Conservación Patrimonial y Zona de Monumentos Históricos del perímetro B del Centro Histórico, por lo que la clausura se debió, entre otras causas, a las obras que se realizaban en el lugar, sin la autorizaciones correspondientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y otras instancias.
Otra irregularidad, señaló, es que en dicho lugar hay dos predios distintos, pero es un solo inmueble que no tiene las autorizaciones para una fusión, además de traer procedimientos que se han iniciado y no han culminado.
Asimismo, destacó el interés de las autoridades del gobierno de la Ciudad para realizar operativos de verificación en los comercios que se encuentran en los distintos niveles del inmueble, mismos que fueron impedidos por los propios comerciantes que trabajan en ese lugar.
Buscan evitar carga excesiva
La preocupación central en este inmueble, dijo, “es que tenga una carga excesiva e indebida que ponga en riesgo de protección civil a quienes realizan actividades de comercio o de oficina a lo largo del día en dicha edificación”.
Al dar más detalles del operativo de clausura, Teresa Monroy Ramírez, directora general del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) señaló que anteriormente el Instituto a su cargo ya tenía un procedimiento de verificación administrativa en el predio que se ubica en Nezahualcóyotl 120, el cual tiene un ingreso por Izazaga 89.
Al respecto, Inti Muñoz Santini, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) recalcó que el edificio con numerales en Izazaga 89 y Nezahualcóyotl 120, por encontrarse en un área de Conservación Patrimonial y Zona de Monumentos Históricos, “toda intervención física, arquitectónica, modificación o arreglo, debe contar con un dictamen favorable y autorización, tanto de la Seduvi, como de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”.
Dejó en claro que los particulares no presentaron ningún documento que acreditara tales autorizaciones, no obstante que el edificio se encuentra en una zona de monumentos históricos, lo que le da características excepcionales, tanto en materia de subsuelo, como en su colindancia con edificios de valor histórico.
Destacó que de acuerdo con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico vigente, los inmuebles de esa zona específica cuentan con un posible uso de suelo habitacional mixto, lo que permite su utilización para oficinas y comercio minorista de bajo impacto.
Por lo anterior, señaló que dicho edificio al ser utilizado para comercio al mayoreo y como bodegas es una violación a la ley. Puntualizó que las bodegas quedaron prohibidas para la mayoría y prácticamente la totalidad de los inmuebles de determinadas zonas de los perímetros A y B del Centro Histórico.
Un riesgo de Protección Civil
Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil informó que durante el operativo de revisión se detectó una gran cantidad de riesgos, como la falta de salidas de emergencia, medidas de seguridad en materia de incendios, como la falta de extintores y toda la señalética necesaria en términos de protección civil.
Destacó que cumplir con la normativa vigente en materia de protección civil tiene el objetivo de proteger la seguridad, tanto de locatarios como de los usuarios que visitan el lugar.
Sobre la sobrecarga que puede registrar este inmueble, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recordó que este edificio fue dañado en el terremoto de 1985 y posteriormente fue intervenido, por lo que continuó sus actividades.
Además, indicó que el edificio ha sido dictaminado por parte del Instituto de Seguridad para la Construcciones, para evaluar la carga que puede sostener un inmueble de este tipo, que inicialmente había sido construido para oficinas y que ahora es utilizado para bodegaje.
“Es un tema que estamos viendo con el Instituto de Seguridad para las Construcciones, para saber cuántos kilos por centímetro cuadrado permite este edificio”, indicó Urzúa Venegas, quien destacó que dicho edificio cuenta con 16 pisos, tiene 1,600 locales y acuden ahí miles de usuarios diariamente, por lo que hay que dar las mayores seguridades posibles.
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Clausura no tiene que ver con la venta de mercancía china
Teresa Monroy Ramírez, directora general del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) precisó que la visita realizada por la dependencia a su cargo no tuvo que ver con el tipo de mercancía que se comercializa en ese lugar.
“Nosotros no tenemos facultades para revisar qué tipo de mercancías se vende ahí, o si es ilegal o no, la facultad que tiene INVEA es llevar a cabo visitas de verificación en materia de desarrollo urbano”, apuntó.
A su vez, Inti Muño, titular de la Seduvi destacó que utilizar un edificio para actividades comerciales no es ilegal; sin embargo, indicó que todo proceso debe ser apegado a la norma.
Señaló que en el marco de las atribuciones de cada dependencia, el gobierno de la Ciudad estará atento que los inmuebles tengan un uso correcto, las obras o modificaciones se lleven a cabo en orden y en apego a los programas parciales de desarrollo urbano.
“Vemos irregularidades de carácter de uso de suelo, de desarrollo urbano y posibles riesgo de protección civil”, puntualizó el jefe de gobierno, Martí Batres.
Por ello, explicó que cuando el gobierno de la Ciudad aborda los temas de presunto comercio de carácter ilegal, lo hace con el apoyo de las autoridades federales, quienes tienen las facultades en comercio internacional y exterior, para tomar cartas en el asunto.
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