/ viernes 30 de octubre de 2020

Revisarán edificio en la colonia San Rafael en alto riesgo de colapsar

El edificio quedó dañado luego del sismo de 2017

Integrantes del Congreso de la Ciudad de México aprobaron se revise el estado que guarda un predio en la colonia San Rafael, a propuesta de la bancada del PAN que advirtió el alto riesgo de un edificio que está en el lugar tras haber sido dañado por el sismo de septiembre de 2017 y en el que viven al menos cien personas.

Fue el coordinador de la diputación panista, Mauricio Tabe Echartea, quien formalizó en la sesión ordinaria del Legislativo la petición de revisar el estado que guarda el predio ubicado en la calle Antonio Caso número104.

Una vez que se aceptó el punto de acuerdo del panista, los del Congreso acordaron llamar a funcionarios del gobierno y de la Fiscalía General de Justicia, para que establezcan una mesa de trabajo que permita garantizar la seguridad de las familias que ahí habitan, debido a que se trata de un inmueble afectado por el movimiento telúrico de hace tres años.

Tabe Echartea se refirió a la importancia de acatar debidamente la orden judicial y el grave riesgo en que se encuentran las y los vecinos que habitan en la calle Antonio Caso número 104 de la colonia San Rafael.

“La situación que prevalece en este inmueble es que, además de violar la ley al no acatarse el mandato judicial, se agrava, porque el edificio cuenta con daño estructural a raíz de los recientes sismos”, detalló.

Dijo que se trata de no dejar en el desamparo a las familias que ahí viven, sino lograr que cuenten con los apoyos gubernamentales. “Es una causa justa, cumplir la ley y cuidar la integridad de las personas de ese edificio”.

Explicó que el edificio es propiedad de una persona física, sin embargo, desde hace años se ha encontrado en litigio debido a que algunas familias lo invadieron de manera ilegal; actualmente se cuenta con una sentencia emitida por un juez que reconoce que dicho predio debe ser desalojado.

Dentro del documento aprobado, se detalla la forma en que, de manera omisa, se han conducido autoridades de la urbe tras haber pasado ya tres años desde el sismo de 2017, poniendo en grave riesgo las vidas de las cien personas que aún habitan de manera ilegal ahí.

“Insistimos en la omisión de las autoridades capitalinas y están poniendo en grave peligro la vida de decenas de personas, las de los vecinos colindantes y las de los transeúntes que pasan por el predio en mención”, declaró el panista.

Indicó que se busca procurar la protección y el ejercicio de los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México y “es responsabilidad de las autoridades, salvaguardar derechos como la vida y el de vivienda digna”.

Refirió que la invasión ilegal de inmuebles con alto riesgo de colapso no debe ser pretexto para impedir que se lleven a cabo las tareas demolición y reconstrucción de inmuebles en nuestra Ciudad, por el contrario, debe detonarse una acción decidida de la autoridad que salve vidas.





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Integrantes del Congreso de la Ciudad de México aprobaron se revise el estado que guarda un predio en la colonia San Rafael, a propuesta de la bancada del PAN que advirtió el alto riesgo de un edificio que está en el lugar tras haber sido dañado por el sismo de septiembre de 2017 y en el que viven al menos cien personas.

Fue el coordinador de la diputación panista, Mauricio Tabe Echartea, quien formalizó en la sesión ordinaria del Legislativo la petición de revisar el estado que guarda el predio ubicado en la calle Antonio Caso número104.

Una vez que se aceptó el punto de acuerdo del panista, los del Congreso acordaron llamar a funcionarios del gobierno y de la Fiscalía General de Justicia, para que establezcan una mesa de trabajo que permita garantizar la seguridad de las familias que ahí habitan, debido a que se trata de un inmueble afectado por el movimiento telúrico de hace tres años.

Tabe Echartea se refirió a la importancia de acatar debidamente la orden judicial y el grave riesgo en que se encuentran las y los vecinos que habitan en la calle Antonio Caso número 104 de la colonia San Rafael.

“La situación que prevalece en este inmueble es que, además de violar la ley al no acatarse el mandato judicial, se agrava, porque el edificio cuenta con daño estructural a raíz de los recientes sismos”, detalló.

Dijo que se trata de no dejar en el desamparo a las familias que ahí viven, sino lograr que cuenten con los apoyos gubernamentales. “Es una causa justa, cumplir la ley y cuidar la integridad de las personas de ese edificio”.

Explicó que el edificio es propiedad de una persona física, sin embargo, desde hace años se ha encontrado en litigio debido a que algunas familias lo invadieron de manera ilegal; actualmente se cuenta con una sentencia emitida por un juez que reconoce que dicho predio debe ser desalojado.

Dentro del documento aprobado, se detalla la forma en que, de manera omisa, se han conducido autoridades de la urbe tras haber pasado ya tres años desde el sismo de 2017, poniendo en grave riesgo las vidas de las cien personas que aún habitan de manera ilegal ahí.

“Insistimos en la omisión de las autoridades capitalinas y están poniendo en grave peligro la vida de decenas de personas, las de los vecinos colindantes y las de los transeúntes que pasan por el predio en mención”, declaró el panista.

Indicó que se busca procurar la protección y el ejercicio de los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México y “es responsabilidad de las autoridades, salvaguardar derechos como la vida y el de vivienda digna”.

Refirió que la invasión ilegal de inmuebles con alto riesgo de colapso no debe ser pretexto para impedir que se lleven a cabo las tareas demolición y reconstrucción de inmuebles en nuestra Ciudad, por el contrario, debe detonarse una acción decidida de la autoridad que salve vidas.





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