Para la detección temprana del Covid-19, resulta imperativo que el gobierno capitalino aplique pruebas masivas del virus, lo que además permitirá ejecutar un aislamiento oportuno de las personas con casos positivos, con lo que se rompería la cadena de contagios, demandó el integrante del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Garrido.
Al exponer que la tasa de letalidad en la capital del país es del 13.5 por ciento y que a nivel mundial la nación es la que menos aplica la prueba con el 0.4 por cada mil habitantes, cuando el promedio es de 22, dijo que todo ciudadano tiene derecho a la salud.
Dejó establecido que tanto la Constitución federal como la de la Ciudad de México, consagran el derecho que tiene toda persona a la salud, a las mejores prácticas médicas y a políticas de prevención, lo que obliga a las autoridades a la prevención, tratamiento y control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas.
El diputado local panista demandó a autoridades de la metrópoli a realizar acciones oportunas para asegurar el derecho no sólo a la salud, sino también a la reducción de riesgos de contagio ante la nueva normalidad, el semáforo naranja y la tasa de letalidad.
Reconoció que en muchos casos resulta imposible para los ciudadanos efectuarse la prueba de coronavirus y, en el sector público, se ha documentado que no se hace a todo peticionario, ni a quienes desde casa reportan tener síntomas del virus.
Bajo el lema #QueremosPruebas, sostuvo que la bancada de Acción Nacional exige a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, accionar un protocolo inmediato de aplicación de prueba a todo aquel capitalino que lo pida.
Diego Garrido, ante las cifras desbordadas y crecientes de contagios y muertes, donde México ya es el quinto lugar en muertes y el cuarto en tasa de letalidad, recomendó la aplicación masiva de pruebas Covid-19 para una detección temprana y un aislamiento oportuno, a fin de romper la cadena de contagio.
Señaló que la administración local tiene la suficiencia presupuestaria, porque ahora con la “Ley Sheinbaum” manejará a discreción el presupuesto, además de que no se ha informado si se han utilizado los 5 mil 800 millones del Fondo de Atención a Desastres Naturales (Fonaden), por lo que si un capitalino exige una prueba el Gobierno debe dársela.
Dijo que entre los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México es el que menos pruebas de COVID-19 aplica, al registrar sólo 0.4 pruebas por cada 1000 habitantes, en comparación con la media en el resto de los demás países, que es de 22 pruebas por cada 1000 habitantes.
Expuso que se está frente a la necesidad de que el gobierno de la Ciudad de México proporcione a los habitantes pruebas para la detección del virus y que sean accesibles económicamente, porque en laboratorios y clínicas privadas sus precios van de los mil 300 hasta los 4 mil 500 pesos.
