Los certificados de no embarazo en los centros laborales de la capital del país pasarán a la historia como un acto de discriminación, al haber determinado los integrantes de las ocho fracciones y asociaciones parlamentarias que conforman el Congreso de la Ciudad de México su prohibición.

Al fundamentar la decisión que se tomó, a través de cambios al artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la diputada morenista Valentina Batres Guadarrama confirmó que, de enero de 2011 a marzo de 2020, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), recibió 723 quejas y reclamaciones por presuntos actos de discriminación relacionados con el despido por embarazo.

Dio a conocer que las entidades donde más se han denunciado ese tipo de discriminación son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato.

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Representantes populares de todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo en prohibir la exigencia del certificado médico de no embarazo en los centros de trabajo, de ahí que respaldaran el dictamen respecto a la iniciativa ante el Congreso de la Unión para reformar y adicionar el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Batres Guadarrama argumentó que “se busca incidir en la transformación de las prácticas laborales respecto a las condiciones de contratación, ascenso y permanencia de las mujeres”.

Calificó de urgente armonizar la Ley Federal del Trabajo, con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de fortalecer los mecanismos legales para combatir la discriminación laboral que vive las mujeres.

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Aclaró que, pese a los esfuerzos para combatirla, la discriminación laboral por embarazo es una de las problemáticas sociales con mayor vigencia en la nación.

La congresista de Morena, en torno al dictamen aprobado y remitido al Congreso de la Unión para los efectos legales a los que haya lugar, declaró: “la discriminación que enfrentan las mujeres, generalmente ocurre de manera silenciosa; por ejemplo, aunque la mayoría de los contratistas privados o públicos no contempla la prueba de embarazo entre los requisitos de ingreso, durante el proceso de selección sí la aplican, situación que se encuentra en una ilegalidad”.

Señaló que se necesitan reforzar todos los mecanismos legales para que las mujeres dejen de ser discriminadas por su derecho a la maternidad, así como a decidir cuándo pueden embarazarse y cuántos hijos tener.

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