Con el objetivo de sumar a la Ley Sabina, presentada en mayo pasado, la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, promueve que los jueces fijen la pensión alimenticia mínima al 40 por ciento del sueldo del deudor alimentario y en caso de no poder comprobar ingresos, aporte al menos un salario mínimo mensual vigente en la metrópoli de cinco mil 255 pesos, mismo que se deberá ajustar a los incrementos oficiales que se le hagan.
El diputado de la bancada morenista Nazario Norberto Sánchez, al respecto presentó una iniciativa en la que se propone dicha cifra, en congruencia a la situación económica que se vive.
Fundamentó que la ley en la materia no menciona alguna cantidad como mínima para determinar el monto de las pensiones alimenticias, lo que se agrava cuando alguna de las partes decide renunciar, ocultar sus sueldos, pedirle a su patrón que declare un ingreso menor o en el peor de los casos, cuando no es posible comprobar lo que gana la persona, los jueces resuelven el pago de un monto bajo de pensión.
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“El tema aquí es qué persona puede vivir con 500 o mil pesos mensuales para cubrir los gastos de comida, vivienda, médico, escuela y en general, las necesidades básicas de sus hijos o de aquellas personas con algún tipo de discapacidad”, aclaró.
Delineó que con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a octubre pasado, una canasta básica conformada por 24 artículos tiene un costo aproximado de mil 38 pesos.
Hizo notar que desde el año 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió un precedente para determinar la capacidad económica real de los deudores, porque los ministros señalaron que el juez no debe limitarse únicamente a lo manifestado por las partes en el juicio, sino que tiene la obligación de recabar de oficio la información de ingresos que permitan evidenciar el “flujo de riqueza”.
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En su iniciativa que será analizada por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso, con opinión de la de Igualdad de Género, Nazario Norberto precisó que desafortunadamente el cumplimiento de las pensiones alimenticias tiene dos grandes problemas que deben ser atendidos por el Poder Legislativo.
Durante una entrevista explicó que en primera instancia es importante garantizar que sean cumplidas las pensiones alimenticias por los deudores, asunto que ya se encuentra en estudio por parte de la Comisión de Justicia del recinto de Donceles y Allende mediante la Ley Sabina.
Refirió que por otro lado, está la insatisfacción de las pensiones alimenticias, porque muchas personas ofrecen cantidades insultantes y totalmente fuera de la realidad.
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“Por ejemplo, en el módulo de atención de su servidor han llegado ciudadanos a pedir apoyo jurídico, pues sus hijas e hijos reciben cantidades que van desde los 500 pesos mensuales”, remató.
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