La diputada del Congreso de la Ciudad de México, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, aseveró que ante el clima actual de violencia entre piperos revendedores y comisionistas del gas LP por el control de rutas en la Ciudad de México y elEstado de México, los empresarios de esa industria y los ciudadanos que sean víctimas o testigos de actos ilícitos deben denunciar, porque de lo contrario las autoridades quedan “amarradas de manos”.
Para la legisladora, el secuestro de calles o colonias, las extorsiones, el cobro por“derecho de piso”, las agresiones verbales y físicas a gaseros formales y el amago a clientes para que adquieran el hidrocarburo sólo con ciertos grupos, es un agravio contra los consumidores y la sociedad, por lo que deben ser atendidas todas las denuncias al respecto.
La integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la CDMX agregó que ante este tipo de este tipo de actos “a todas luces ilícitos” y donde hay amenazas de por medio que impiden la libres competencia en la comercialización del hidrocarburo, los afectados están obligados a ejercer su derecho y denunciar ante las autoridades competentes.
“Se requiere esa herramienta (la denuncia) que es un arma muy poderosa. Yo entiendo que muchas veces la gente se desmotiva y no acude al Ministerio Público por los trámites que hay que llevar a cabo y que implican tiempo; sin embargo, es importante concientizar a la gente de que la denuncia es un instrumento con el que contamos todos los ciudadanos para que la autoridad pueda actuar, de otra forma creo que la autoridad se ve amarrada de manos”, subrayó.
Jannete Guerrero consideró que ante la situación de crisis por el COVID-19 que ha provocado la falta de empleo y por ende, de ingresos, las personas buscan cómo solventar sus necesidades básicas.Sin embargo –anotó- esa no es la forma. La violencia, las amenazas no son el camino adecuado, por ello creo que las autoridades tiene que intervenir con una investigación exhaustiva y donde se deslinden responsabilidades, pero también la ciudadanía tiene la responsabilidad de denunciar y las autoridades el realizar una investigación a fondo para evitar el vacío de poder.
Hizo un llamado a los trabajadores del gas LP a comportarse correctamente. “Yo creo que es parte de esta conciencia social, de que uno se tiene que conducirse de la manara más honesta para tener una vida digna; de lo contrario, tarde o temprano se tienen consecuencias, y lamentablemente son consecuencias negativas, como el que se les finque alguna responsabilidad o delitos y puedan caer en la cárcel, lo cual sería una tragedia para una familia, al quedarse sin sostén económico por ejercer actividades equivocadas”, dijo.
Finalmente, concluyó que dentro de estas indagatorias, las autoridades deben garantizar que el gas LP que se expende al público tenga un origen legal, con el propósito de no alentar la competencia desleal y evitar que se pueda generar un percance en el almacenamiento y distribución del energético.