Como parte de las acciones para la excarcelación de indígenas, desde 2019 se ha dado apoyo a 20 personas que fueron puestas en libertad, en tanto que de manera permanente autoridades locales han asistido a los Centros de Reclusión de la capital del país, para proporcionar orientación jurídica personalizada y con perspectiva intercultural, difundió la titular de la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI), Laura Itandehui Ruiz Mondragón.
Al comparecer ante congresistas, la funcionaria delineó que de enero de 2019 al 31 de julio pasado, se han realizado 750 asesorías legales, principalmente en materia penal, familiar, civil, administrativa, laboral y agraria a personas de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, al tiempo que mencionó que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2022, se estiman 689 mil 8 habitantes en al menos 48 pueblos originarios enlistados en el acuerdo del consejo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
A los integrantes de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Congreso de la Ciudad de México, que preside el diputado morenista Héctor Díaz Polanco, expuso que en el último año, se atendieron a 88 personas pertenecientes a 19 comunidades indígenas y pueblos de las alcaldías Xochimilco y Tláhuac.
Comunicó que desde hace cuatro años la dependencia trabaja con instancias gubernamentales para combatir y superar las condiciones de precariedad económica y social de esa comunidad.
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Como parte de la glosa del IV informe de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, la servidora pública compareció vía remota y a los representantes populares les aclaró que el suelo de conservación no desaparece y que al respecto, ha habido desinformación en las redes sociales, tema que exige trabajar en reuniones informativas con los pueblos, e informó que de marzo a octubre de 2021 se impartieron ocho talleres de capacitación para la atención intercultural a 449 personas del Instituto de la Defensoría Pública, con herramientas e información para mejorar el servicio y acceso a los derechos indígenas en la Ciudad de México.
Por otra parte, luego de indicar que se han atendido a 34 mil 433 personas con asesoría y capacitación para ejercer sus derechos económicos y con acceso a diversos programas sociales locales, la secretaria dio cuenta que se han instrumentado acciones para la promoción y difusión de los derechos de las mujeres indígenas, así como para la erradicación de la violencia de género, a través de conversatorios, talleres, conferencias, encuentros y foros.
Detalló que con el IECM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se inició la operación de la Escuela de Liderazgo para Mujeres Indígenas (ELMI), a fin de fortalecer los liderazgos de mujeres indígenas y garantizar su participación política en los asuntos públicos.
Confirmó que 25 mujeres líderes, provenientes de pueblos originarios y comunidades indígenas residentes principalmente de las alcaldías Tlalpan, Milpa Alta e Iztapalapa, concluyeron el primer módulo formativo.
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Expuso que la dependencia a su cargo ha colaborado con el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), para llevar a cabo la Estrategia de Prevención Anticipada de cáncer hereditario de mama y ovario. De mayo a septiembre de 2022, se canalizaron a 74 mujeres de tres pueblos originarios y de 12 comunidades indígenas residentes.
Mientras que en coordinación con el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) y la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C. (MEXFAM), se elaboró la Cartilla de los Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, traducida a las lenguas indígenas mixe, mixteco, náhuatl y zapoteco, además de un glosario con 20 términos que explican conceptos empleados en educación sexual.
Ruiz Mondragón acotó que en coordinación con las Secretarías de las Mujeres, de Trabajo y Fomento al Empleo y de Desarrollo Económico, se elaboró un diagnóstico pormenorizado de la situación económica y laboral de las mujeres indígenas de la úrbe, en atención a una solicitud del Congreso.
La titular de la (SEPI) expuso que el reconocimiento de los derechos indígenas en la capital del país, es resultado de décadas de firme lucha de sus protagonistas por hacerse escuchar y participar de la vida pública y política.
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Recalcó que la pandemia del Covid-19 impactó en las oportunidades de acceso al empleo, por lo que en 2021 se incrementó en 60 por ciento el número de personas solicitantes del Programa del Seguro de Desempleo, es decir 11 mil 55 peticiones de agosto del año anterior a julio pasado.
Indicó que se ha dado una actualización de los padrones de solicitudes de vivienda que suman cinco mil 290 peticiones, que se analizan en mesas de trabajo para dar certeza a las asignaciones con perspectiva intercultural y de derechos.
En respuesta a las preguntas de las y los legisladores, Laura Itandehui Ruiz comentó que el Programa Bienestar para Pueblos y Comunidades Indígenas, cuenta con un presupuesto anual de 600 mil pesos y un equipo de cinco traductores que brindan servicios de interpretación y traducción de lenguas indígenas, para garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas de estas comunidades y darles acceso a servicios de salud, educación y justicia.
Héctor Díaz Polanco declaró que aunque los pueblos y comunidades indígenas poseen sus propias identidades, tradiciones, costumbres, organización social y cosmovisión, tuvieron un lugar subordinado en el proceso de construcción de la nación.
Acotó que actualmente tienen un potente resurgimiento, en que rechazan la asimilación, afirman sus raíces y reclaman sus derechos.
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En la sesión virtual participó la vicecoordinadora de la asociación parlamentaria Ciudadana, diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, quien solicitó detalles sobre las acciones implementadas a favor de esa comunidad por parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) y sobre las obras de infraestructura y elaboración de programas, que no deben realizarse sin informar y escuchar a los involucrados.
La diputada Xóchitl Bravo Espinosa de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, reconoció la labor de la secretaría para visibilizar y reivindicar a este sector, a la vez que solicitó información de cuándo, dónde y cómo se realiza la construcción de vivienda indígena.
El vicecoordinador de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, José Martín Padilla Sánchez, reconoció el trabajo realizado para rescatar las tradiciones culturales de los pueblos; pidió conocer las acciones implementadas para beneficiar a la población infantil, para el fomento educativo y la capacitación en materia de comercio electrónico.
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Por el PRD, la congresista Polimnia Romana Sierra Bárcena, reconoció el trabajo de la dependencia y señaló que la preservación de las tradiciones de los pueblos y barrios indígenas es vital en la conformación de la sociedad, por lo que solicitó información sobre las estrategias de aprendizaje dirigidas a las nuevas generaciones, sobre todo a través de las redes sociales, y materiales sobre los derechos de la niñez en leguas indígenas.
La priísta María de Lourdes González Hernández dijo que en el marco del actual proceso de implementación del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, que dependen de consultas a la comunidad, se debe informar sobre el estatus de la integración de registro de los pueblos y barrios originarios.
El coordinador de la bancada del PRI, Ernesto Alarcón Jiménez pugnó por analizar si para el año 2023 se continuará con el registro de los pueblos y barrios originarios, junto con el registro de sus integrantes y autoridades. Cuestionó si la secretaría ha realizado la proyección presupuestal para realizar este trámite.
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Con la representación del PAN, la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz expresó la preocupación de diversos pueblos de las alcaldías Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan y Magdalena Contreras por la implementación del Programa General de Ordenamiento Territorial, el cual “pretende desaparecer alrededor de 30 mil hectáreas de suelo de conservación, privilegiando el crecimiento urbano”.
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La diputada de Morena Alejandra Méndez Vicuña, se refirió a la intervención de la secretaría a través del canal de televisión del Instituto Politécnico Nacional, con el fin de preservar las lenguas indígenas; solicitó que se ampliara información del programa Bienestar para Pueblos Indígenas; y transmitió su inquietud de los pueblos para que se les dé información sobre sus derechos y los espacios para comercializar sus artesanías.
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