La dirigencia del PRD en la capital del país, en torno a adjudicaciones directas de obras y servicios que en su primer año ha llevado a cabo el gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, demandó a los órganos de supervisión del Congreso local y a la Secretaría de la Contraloría General, se abra una investigación exhaustiva y se sancione la existencia de posibles conflictos de interés.
Quienes integran la dirigencia colegiada perredista, tal es el caso de Carlos Estrada Meráz, Nora Arias Contreras, Brenda Villena Guillén y Daniel Pacheco Santiago, coincidieron en que levanta sospechas el hecho de que por un lado las autoridades citadinas presuman de transparencia en los concursos públicos de construcción de obras, compra de servicios y herramientas, pero por otro lado, se manejan de manera discrecional y cada concurso termina en invitación restringida o en la mayoría de los casos, en adjudicaciones directas.
Señalaron que “se llenan la boca diciendo que no le mienten al pueblo, entonces que lo comprueben y lo transparenten”, al tiempo que indicaron que el más reciente caso de una adjudicación directa realizada por el gobierno de la ciudad, fue el otorgamiento de ocho contratos de seguros por más de mil 200 millones de pesos a favor de la empresa Seguros Azteca, que al principio no cumplió los requisitos pero finalmente se le otorgó.
Conminaron al Congreso, a los órganos de supervisión y al titular de la Contraloría General de la Ciudad a revisar cada una de las licitaciones, al tiempo que indicaron que el gobierno local debe explicar por qué y a quién beneficia el nuevo modelo de adjudicaciones directas para la construcción de obras y contratación de servicios.
Para el PRD es sospechoso que en todas las licitaciones se cumpla, aparentemente, con las disposiciones legales, pero finalmente el destino sea la adjudicación directa.
Notificaron que en este año el gobierno adjudicó de manera directa obras para la construcción del Cablebús en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa con una inversión de más de 6 mil millones de pesos, servicios de cámaras de vigilancia, compra de vacunas, medicamentos y material para hospitales y laboratorios, así como la adjudicación directa de contratos para la construcción de los llamados PILARES, entre muchas otras.
Dejaron en claro que no desistirán en su demanda de que se investigue y se transparente los nombres de los representantes de empresas, así como funcionarios de alto nivel que se mantienen como enlaces, su relación y gestoría en todos los procesos de licitación a fin de no incurrir en conflictos de interés.
EGS
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