De tres mil denuncias acumuladas desde 2020 por el delito de violencia digital en la Ciudad de México, sólo tres por ciento llegaron a juicio para dictar una sentencia condenatoria, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).
Mediante una solicitud de transparencia tramitada por El Sol de México, la Fiscalía de Justicia capitalina reportó que del total de expedientes, solo este porcentaje terminó con una vinculación a proceso.
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El artículo 181 del Código Penal local establece que el delito contra la intimidad sexual aplica a quienes compartan, divulguen y distribuyan imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual sin consentimiento. Estas conductas se sancionan con una pena de cuatro a seis años de prisión y una multa que puede ir de los 54 mil pesos a 100 mil pesos.
De acuerdo con la FGJ, el año en el que más carpetas de investigación se iniciaron por el delito contra la intimidad sexual fue en 2023 con 942, de las que sólo 51 llegaron a juicio. Al corte de enero de este año ya suman 71 denuncias, de las que cuatro terminaron en vinculación.
En octubre del año pasado la Comisión de Honor del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la ESCA Santo Tomás, del IPN, dictaminó por unanimidad la baja definitiva de Diego N, investigado por presuntamente poseer y difundir más de 166 mil fotos de mujeres reales y alteradas con inteligencia artificial.
Fueron ocho estudiantes las que denunciaron a Diego N. El estudiante presuntamente vendió en línea fotografías íntimas modificadas con inteligencia artificial de mujeres entre 17 y 25 años tomadas en los salones de clases.
Diego N continúa en prisión preventiva. La abogada de las víctimas, Valeria Martínez, dijo el pasado 9 de febrero que la sentencia que Diego podría recibir es de hasta nueve años de prisión, además de cumplir con la reparación del daño de las alumnas, pero, dijo, existen vacíos en la legislación que el presunto agresor podría aprovechar.
En entrevista con El Sol de México, la abogada especialista Leticia Enriquez Valerio manifestó que 90 por ciento de los casos que iniciaron una carpeta por el delito contra la intimidad sexual quedan en la impunidad debido a la complejidad que implica una investigación de este tipo.
“No necesariamente todos los juicios penales terminan en una sentencia que requiera que una persona esté en la cárcel, muchas veces las víctimas buscan reparación del daño e incluso hay algunos medios alternativos para terminar este tipo de problemas mediante a un acuerdo reparatorio”, manifestó.
Enriquez resaltó que es muy complicado probar este delito si no se cuenta con policías de investigación cibernética que analicen las pruebas del agresor, los medios tecnológicos que utilizó y las plataformas por las que viajó el contenido.
“Es un delito informático y la verdad son delitos especializados donde tendría que haber policías de investigación en áreas cibernéticas o informáticas, el problema es que en muchos casos no hay policías expertos en temas digitales”, señaló.
Enriquez Valerio agregó que los procesos de investigación son dolorosos, costosos y revictimizantes, lo que ocasiona que muchas de las víctimas desistan y no le den seguimiento a su carpeta de investigación.
“Lo que yo me he dado cuenta, es que existe una tendencia de que las víctimas y la propia Fiscalía promuevan estos acuerdos reparatorios sin necesidad de llegar al juicio y muchas mujeres lo que quieren es que se les repare en el daño”, señaló.
La especialista explicó que los casos más comunes de violencia digital que se han agudizado los últimos años tienen que ver principalmente con las parejas, ex novios o esposos de las mujeres. “Difunden sin consentimiento una imagen o un video de contenido íntimo que la víctima les compartió cuando tenían ese vínculo de confianza”, destacó.
Subrayó que otro porcentaje de personas que cometen este delito son las que recopilan imágenes y videos a través de la práctica conocida como sexting, que a pesar de que se realiza de manera consensuada, terminan comercializando el contenido en diferentes plataformas para adultos.
“Y existe otro sector que tiene que ver con el crimen organizado donde las mujeres son grabadas o videograbadas sin saber que estaban haciéndolo, normalmente lo hacen con cámaras escondidas. Además, actualmente ha surgido la nueva modalidad de editar imágenes con inteligencia artificial donde pueden poner la cara o cuerpo que no es suyo”, agregó.
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La defensora de derechos humanos lamentó que a pesar de las reformas implementadas desde 2020 en los códigos penales y la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida de Violencia, conocidas como la Ley Olimpia, no se ha logrado sancionar a los agresores ni avanzar en la mayoría de carpetas de investigación.
“Lo que implica que seguimos en riesgo en mundo del internet porque nos siguen violentando, y la verdad es que a pesar de las reformas de la ley Olimpia para castigar el delito contra la intimidad sexual o violencia digital, han servido para prevenir, pero no para sancionar a las personas que lo cometieron”, manifestó.
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