Para garantizar el derecho a la educación ante la emergencia sanitaria que se vive por el Covid-19, la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México propuso proporcionar tabletas electrónicas a los estudiantes de nivel básico para que a distancia continúen con su formación, cuando les es imposible acudir a la escuela, lo que muy bien podría financiarse con el subejercicio de la actual administración capitalina.
Al respecto, el vicecoordinador de la diputación panista, Ricardo Rubio, fundamentó que en México el 78.6 por ciento de las personas reportaron dificultades para continuar con la educación de niños y adolescentes en casa, con un 48.5 por ciento que argumentó fue por falta de computadora e internet, de acuerdo a la “Encuesta Nacional a Docentes ante el Covid-19, Retos para la Educación a Distancia”, realizada en 2020 por la Universidad Iberoamericana en conjunto con la UNESCO.
Dijo que, debido a la indiferencia de los gobiernos local y federal para atender a los niños tanto en materia de salud como en educación, se requiere resolver una serie de retos en la metrópoli en el marco de la pandemia.
Calificó de fundamental “incluir en la Ley de Educación de la Ciudad de México, el concepto de emergencia sanitaria; además de garantizar el derecho a la educación, brindándoles una tableta electrónica a efectos de que puedan continuar con su formación educativa a distancia”.
A los representantes populares de otros grupos y asociaciones parlamentarias, los llamó a ser solidarios en ese sentido.
“No podemos ignorar la realidad de los vecinos que votaron por nosotros, pues hoy por hoy, muchas familias viven con dos o tres hijos, los cuales tienen que compartir incluso un sólo dispositivo tecnológico, para atender sus clases a distancia, lo que ha ocasionado una mayor deserción escolar”, declaró.
Estimó que, si cada niño o adolescente de educación básica de la ciudad recibiera una tableta de aproximadamente dos mil 800 pesos, se necesitaría un total de cuatro mil 314 millones 216 mil 865 pesos, los cuales podrían solventarse con los más de 27 mil millones de pesos de subejercicio del gobierno capitalino.
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