Al menos 150 comerciantes que fueron desalojados del predio que utilizaban para vender sus mercancías en la calles de Londres 91, Zona Rosa, bloquearon la avenida San Cosme y clausuraron de manera simbólica el edificio donde se ubica la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario en demanda de que hagan valer el resolutivo a favor de nulidad de una queja vecinal que provocó el desalojo.
Diana Sánchez Barrios se presentó en la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario en compañía de las afectadas, las cuales desempeñaban su trabajo como comerciantes, en el predio ubicado en Londres, número 91, colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc, y bajo el argumento de una queja vecinal, fueron desalojadas y despojadas de su única fuente de ingresos.
Ante esta injusticia, Diana Sánchez Barrios promovió una Demanda de Nulidad en contra del Gobierno de la Ciudad de México, misma que conoció la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y el año pasado fue ganada por la activista, pues mediante sentencia de fecha 29 de mayo de 2019, se obligó a las autoridades demandadas, a devolver el predio citado, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento.
“Este gobierno nos persigue como si fuéramos crimínales cuando salimos a ganarnos la vida de manera honrada y ahora quiere despojarnos de los espacios que hemos ganado con sacrificio y sudor”, reiteró la activista.
Es por ello que, de manera simbólica, clausuraron estas instalaciones y denunciaron que Andrea González Hernández, titular de esa Dirección General, ha puesto barreras deliberadamente para no permitir que las comerciantes ingresen al predio y continúen trabajando, toda vez que se niega a realizar la entrega del inmueble.
“Las y los trabajadores del espacio público, son gente chambeadora que desempeña un trabajo digno como cualquier otro, sin embargo, las autoridades continúan estigmatizando la actividad de este sector, causando persecución y criminalización.
No es posible que las instancias responsables de impartir justicia hayan dado una resolución a nuestro favor, y que esa Dirección General de Patrimonio Inmobiliario se rehusé a darnos lo que es nuestro derecho”, explicó Sánchez Barrios, durante el acto simbólico que realizaron.
Aseguran que durante muchos años estuvieron trabajando en ese predio con autorización del Gobierno Local, y que es muy lamentable que las autoridades no lleven a cabo las investigaciones y diligencias correspondientes, antes de tomar decisiones como haberlas lanzado del predio, sin darles su derecho a las comerciantes a ser escuchadas y defenderse ante la supuesta queja, señalada por el Gobierno de la Ciudad de México.
Por lo que, ante la negativa de respuestas a los escritos dirigidos a la titular de esa Dirección General, con este acto piden audiencia públicamente con Andrea González Hernández, para que atienda el caso, y se ponga fin a este asunto que debió ser atendido desde el año pasado, y que hoy en medio de la crisis económica provocada por la pandemia, se les ha afectado mayormente.
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