Una iniciativa del jefe de Gobierno de la CdMx, Martí Batres, para modificar el artículo 36 Bis de la Ley de Vivienda busca que los inmuebles de carácter social, construidos con dinero del Estado, no sean ofertados para estancias cortas a través de plataformas como Airbnb.
“Con la finalidad de dotar de certeza jurídica la ocupación de los inmuebles en los programas de vivienda de carácter popular, social y en arrendamiento, se establecerá expresamente que no podrán ser destinados para fines diversos al objetivo del programa. No podrán ser utilizados para los esquemas de estancia turística eventual previstos en la Ley de Turismo de la Ciudad de México”, detalla parte de la iniciativa enviada el 19 de septiembre pasado al Congreso local.
De este modo, unidades habitacionales enteras o una parte de ellas como Nonoalco-Tlatelolco, Centro Urbano Presidente Miguel Alemán (CUPA), El Rosario, CTM Culhuacán, Unidad Habitacional Independencia, Torres de Mixcoac, y de acuerdo con datos de la Ciudad de México, otras seis mil unidades de hogares sociales no podrán ser ofertados en Airbnb, ni para renta turística.
Al respecto, María Silvia Emanuelli, especialista en vivienda, señaló que desde hace varios meses la sociedad civil tuvo un acercamiento con las autoridades capitalinas para expresar su preocupación por el uso de viviendas sociales en plataformas como Airbnb, Booking y Vrbo, pues se perdería el objetivo de ese tipo de edificaciones.
“Recientemente el jefe de Gobierno vuelve a hacer una propuesta que habíamos dialogado en varias ocasiones con las distintas autoridades, planteando una reforma tanto en la Ley de Vivienda como en la Ley de Reconstrucción enfocada en intentar evitar que los departamentos que han sido, son o serán construidos con dinero público con la finalidad de satisfacer el derecho a la vivienda de la población que menos tiene pueda quedar fuera del mercado de las plataformas”, puntualizó Emanuelli.
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Esta propuesta se originó con la intención de salvar las viviendas frente al mercado turístico, debido a que hace unos meses la Comisión de Turismo no respetó las modificaciones a la Ley en la materia, propuesta por el gobierno local, en donde se intentó controlar la comercialización de la vivienda a través de la renta a corto plazo.
El candado, precisó, consistía en que un inmueble sólo podría tener inquilinos turistas 70 por ciento de las noches de un año, con la intención de desalentar que más propietarios pusieran sus inmuebles en renta temporal.
“La Comisión de Turismo, que está dirigida por una panista, eliminó el límite de tiempo que podía ofrecer un inmueble anualmente en plataformas como Airbnb, entonces recientemente el jefe de Gobierno vuelve a hacer una propuesta que habíamos dialogado en varias ocasiones”, reiteró Emanuelli.
El primer candado, eliminado por los congresistas del PAN, ayudaba a frenar la gentrificación y el desplazamiento de la población originaria de cada comunidad en la Ciudad de México, además de disminuir el alza de precios en renta y compra de vivienda.
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Emanuelli enfatizó que esta propuesta podría ser aprobada en los próximos días, antes de que Batres concluya su mandato, de otro modo, Clara Brugada deberá dar seguimiento a la propuesta.
Indicó que en caso de que el Congreso deje en la congeladora la iniciativa, la sociedad civil hará presencia con los diputados para que no quede en el olvido.