Baños públicos desperdician hasta 60% de agua en la capital: Aguilar Solache

Diputados locales aprobaron una enmienda a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, para impulsar el ahorro del vital líquido en los baños públicos de la Ciudad

  · martes 22 de septiembre de 2020

Foto: Congreso local

CDMX, 22 septiembre 2020.- A fin de contribuir en el uso racional del agua en la metrópoli más grande del país, la diputada local Guadalupe Aguilar Solache propuso que los baños públicos utilicen sistemas de ahorro para evitar el desperdicio del líquido que, según datos, equivale a un 60% cada que se utiliza un inodoro.

Al fundamentar el dictamen, la Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, en el Congreso de la Ciudad de México, expresó que en una consulta realizada por la misma comisión se detectó que existen 247 sanitarios públicos tan sólo en el centro histórico, y según la Autoridad del Centro Histórico, dichos espacios tienen una afluencia de 150 personas al día.

Por ello, Aguilar Solache consideró indispensable equilibrar el importante servicio público que otorgan los sanitarios públicos, con el uso racional del agua.

“El dictamen busca que los establecimientos mercantiles en donde tienen como giro principal el servicio de sanitarios públicos, cuenten con mingitorios sin agua, inodoros de bajo consumo, llaves, tuberías y accesorios sanitarios ahorradores, los cuales deberán recibir mantenimiento periódicamente para conservarse en condiciones óptimas de servicio e higiene”, enfatizó.

Aguilar Solache no dejó pasar la oportunidad para comentar que la Ciudad de México es una de las urbes más grandes del mundo, tanto en extensión como en población, por lo que la demanda de agua resulta superior a la disponibilidad, generando un déficit de abasto, afectando principalmente a grupos sociales vulnerables.

El dictamen aprobado durante la Sesión Ordinaria remota, con 55 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, fue modificado para entrar en vigor en 240 días hábiles, considerando los efectos económicos que pudieran tener los establecimientos que prestan el servicio de sanitarios públicos por la pandemia.