Comerciantes y consumidores clausuraron de forma simbólica las instalaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, en protesta del decreto que prohíbe la venta y uso de vapeadores y dispositivos electrónicos de tabaco.
Al calificar esta medida como ilegal y arbitraria, activistas, consumidores y comerciantes denunciaron que esta decisión deja sin empleo y patrimonio a muchas familias.
En el evento estuvo Juan José Cirión Lee, presidente de la organización México y el Mundo Vapeando, quien aseguró que la arbitraria e ilegal cacería de brujas que han emprendido las autoridades en los últimos días ya derivó en la clausura de por lo menos 70 comercios a lo largo del país (de los cuales poco más de la mitad se localizan en la Ciudad de México), dejando sin empleo a por lo menos 150 personas. Se estima que en todo el país existen alrededor de 600 negocios.
“Estas clausuras ilegales han significado, por un lado, la pérdida del patrimonio del comerciante porque aun y cuando obtendrá con plena seguridad un amparo para llevar a cabo su actividad, lo cierto es que el proceso podría durar meses o hasta un año, tiempo que asfixiará sus finanzas y por consiguiente su negocio, lo cual implicará que decenas de personas pierdan su fuente de trabajo, lo que, a su vez, golpeará duramente la economía de sus familias, a lo cual se suma la difícil situación que enfrentarán miles de personas que utilizan a los vaporizadores como herramienta para abandonar el consumo del tabaco”, expuso el también Maestro en Derecho.
Sobre el tema, cabe recordar que el 19 de octubre de 2021 la SCJN determinó que es inconstitucional la prohibición para distribuir y comercializar vaporizadores, con lo que homologó su criterio pues había una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Sala. Así, a partir de dicha jurisprudencia que se volvió obligatoria para todos los jueces federales, cualquier persona que presente un amparo alegado cualquier acto de la autoridad que le prohíba vender los dispositivos, le van a conceder el amparo.
Sin embargo, con todo y dicha resolución, el 19 de mayo pasado, la COFEPRIS y extrañamente la Secretaría de Gobernación (SEGOB), emitieron una “alerta sanitaria máxima” en contra de los vaporizadores, escudándose en casos de intoxicación por vapeo que hubo en el otoño de 2019 en Estados Unidos pero que, en su momento, la propia autoridad estadounidenses resolvió que dichos incidentes respondieron al vapeo de sustancias ilegales obtenidas en el mercado negro y no por la propia actividad de vapear.
Y por si no fuera suficiente, el pasado 31 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para prohibir la circulación y venta de los cigarros de tabaco calentado y de los vaporizadores, argumentando que se tratan de dispositivos que, según las autoridades mexicanas, causan daños a la salud, por lo que no tomaron en cuenta que en países como el Reino Unido, Francia y Nueva Zelanda, sus propios gobiernos utilizan a los vaporizadores dentro de sus políticas públicas para combatir al tabaquismo.
De tal manera, Juan José Cirión Lee alertó que las dos últimas disposiciones del gobierno federal y, en particular, el decreto emitido esta semana, constituyen un claro y evidente desdén a lo resuelto por la SCN y al Poder Legislativo, pues recordó que dentro del Congreso de la Unión ya existen más de 20 iniciativas de las diferentes fracciones parlamentarias que buscan definir un marco regulatorio para la venta, distribución y consumo de vaporizadores.
“El decreto del martes pasado, más allá que de ser un tema que se limite al asunto de los vaporizadores, debe preocuparnos a los mexicanos porque estamos frente un flagrante golpe al Estado de Derecho en el país, pues aun y cuando en México el poder está dividido en tres: El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, lo cierto es que el presidente López Obrador se olvida de los otros dos y en este tema de los vaporizadores aplicó su criterio de manera arbitraria, lo cual pondrá en graves aprietos a todas aquellas personas que utilizan a los dispositivos para dejar al consumo de tabaco”, comentó.
El activista advirtió que las medidas arbitrarias del gobierno federal resultarán contraproducentes, pues además de los daños que ya se mencionaron, también detonarán el mercado negro, con sensibles riesgos para menores de edad.
En este sentido, dejó en claro que los vaporizadores no son artículos para niños ni adolescentes, por lo que es necesario definir para su compra y consumo un marco regulatorio exclusivo y ajeno al que existe hoy en día sobre el tabaco, pues, enfatizó, se tratan de dos productos diferentes a pesar de que su uso genera visualmente un efecto similar: (un spray) Mientras que los cigarros convencionales producen humo por la combustión del tabaco, en el caso de los vaporizadores se genera vapor a causa de la evaporación de sustancias.
Asimismo, afirmó que cualquier situación relacionada con los diferentes dispositivos alternativos de suministro de nicotina se debe apreciar, en función al respeto al derecho humano del libre desarrollo de la personalidad, que se traduce en poder decidir qué quiere cada persona consumir y, a su vez, estar en la posibilidad de adquirirlo en un mercado legal.
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Por lo anterior, Juan José Cirión Lee lamentó que mientras las autoridades mexicanas están estancadas en dogmas, mentiras y desinformación, los gobiernos de otros países, como el británico, impulsan el uso de los vaporizadores para revertir el tabaquismo.
El activista confió en que las autoridades desistan de su cerrazón y abran canales para construir un debate abierto y constructivo, mismo que derive en la definición de un marco regulatorio para los vaporizadores, lo cual redundaría en ingresos fiscales, combate al tabaquismo, creación de empleos y venta exclusiva para adultos.
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