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El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad, con 57 votos, acotar los incrementos a las rentas de vivienda al nivel inflacionario del año precedente, iniciativa remitida por Martí Batres, jefe de gobierno local.
Apremiados por el mandatario capitalino, los legisladores celebraron un periodo extraordinario en el que también dieron su visto bueno para que el Programa de Mejoramiento Barrial tenga carácter constitucional.
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El primero de los ordenamientos es una carambola de cambios a las siguientes leyes, como el Código Civil y la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, lo cual la oposición votó a favor, pero con el reclamo de que la propuesta era un paliativo para un problema de gran calado, que es los sectores más vulnerables carecen de hogares para rentar a tarifas accesibles.
Octavio Rivero, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del congreso local, fundamentó el dictamen apoyado en un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el cual indicó que el ingreso ideal para alquilar un inmueble promedio en la Ciudad de México, específicamente en la colonia Narvarte, es de tres mil 236 dólares al mes, es decir, 55 mil 397 pesos aproximadamente, lo cual, admitió, un gran sector de los capitalinos está lejos de ese nivel de percepciones.
El legislador de Morena añadió que el mismo análisis mostró que un hogar que gasta más de 40 por ciento de sus ingresos mensuales en vivienda, alquiler o hipoteca incurre en una sobrecarga del costo de la propiedad, es decir, que el pago de un servicio de ese tipo tan elevado trae como consecuencia limitar el acceso a otros derechos básicos, como a la salud, la educación o la recreación.
Con este panorama, la iniciativa enviada por Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dijo el diputado prevendrá que el aumento de las rentas no sea desproporcionado, pues el mismo nunca será superior a la inflación reportada por el Banco de México el año anterior, respecto al monto acordado como alquiler mensual.
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Otra cuestión que atenderá la modificación es que detendrá el desplazamiento de inquilinos por los arrendatarios por motivos económicos, junto con ello evitará la especulación inmobiliaria, ya que muchas personas, que necesitan vivir cerca del centro de estudios, de trabajo o médicos, no tienen la posibilidad de acceder a la renta de una vivienda sin la cuestión de un costo muy elevado.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aclaró que el registro digital de contratos de arrendamiento ante el gobierno de la Ciudad de México en un plazo no mayor de 30 días de celebrado y esa nómina respetará los ordenamientos vigentes de transparencia y protección de datos personales, por lo que, bajo ningún motivo, con excepción de una resolución judicial, las autoridades lo harán público.
El dictamen de la iniciativa, aseguró el legislador del partido oficial, ayudará a que muchos jóvenes, que ahora no tienen la posibilidad de iniciar sus estudios universitarios, porque las carreras que desean estudiar están en planteles que les quedan muy lejos y el costo de una renta cerca de los mismos es muy caro y un ejemplo que mencionó fue los alrededores de Ciudad Universitaria.
Los legisladores de las bancadas tomaron la tribuna para apoyar la iniciativa, incluso la panista Gabriela Salido opinó que visibiliza el problema de la escasez de vivienda para rentar en la capital del país.
A pesar de lo anterior, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México reprochó que se abre la posibilidad para que el gobierno funja como agente inmobiliario de viviendas, las cuales nada tienen que ver con el aspecto social o popular, pues sus precios van del millón y medio de pesos a los dos millones de pesos.
“Es una buena nota, pero no es una solución, es solamente es un paliativo al problema real de vivienda en la capital, son reformas cosméticas que no resuelven el problema ante el evidente fracaso”, concluyó.
