A pesar de que la Ley en materia de movilidad y seguridad vial de la Ciudad de México es una de las más avanzadas del país, todavía hay diversos temas pendientes y normas que deben actualizarse, para garantizar la movilidad segura, sobre todo, para los usuarios más vulnerables de la vía, como son peatones, ciclistas y motociclistas.
Por ello, es necesario incorporar a las Ley de Movilidad la nueva normatividad en materia de dispositivos, tecnologías y estándares de seguridad que deben contar los vehículos nuevos, así como reconfigurar el diseño de vialidades, a fin de contar con cruces y pasos seguros a nivel de calle, elaborar un registro vehicular confiable y retomar el programa de fotomultas, que fue sustituido por las fotocívica.
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Así lo señalaron, en conferencia de prensa, Stephan Brodziak, coordinador de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor; José Arévalo, especialista en derecho público del Instituto del Sur Urbano, y Alejandra Leal, coordinadora nacional de la Coalición Movilidad Segura al advertir que cada año, a nivel nacional, cerca de 16 mil personas pierden la vida en siniestros de tránsito, de los cuales, alrededor del 70% corresponden a peatones, motociclistas y ciclistas, es decir, “los usuarios más vulnerables de la vía”.
Siniestros viales
De acuerdo con datos del INEGI, en 2022, se presentaron 377 mil 231 siniestros viales en zonas urbanas y suburbanas, que dejaron un saldo de 15 mil 986 muertes y 91,501 lesionados; es decir, 12 muertes y 250 lesionados al día. Para el caso de la Ciudad de México, el INEGI reporta en ese año 7,596 accidentes de tránsito, con un saldo de 255 personas fallecidas y 2,127 lesionados.
Informaron que durante 2022 se registraron a nivel nacional 377 mil 231 siniestros, lo que representó casi mil accidentes diarios, dejando un saldo de 5,181 personas fallecidas y 91,501 lesionados; es decir, casi 12 muertes y 250 personas lesionadas al día.
“Las personas que caminan no buscan morir mientras van a la escuela o al trabajo, las condiciones del diseño de las calles no siempre permiten que puedan transitar con pasos seguros, así como la aplicación de la ley, donde haya consecuencias a las violaciones al reglamento de tránsito, señaló Alejandra Leal.
Otra gran agenda pendiente, señaló la especialista, es el tema de motocicletas, cuyo uso se incrementó de forma muy importante a raíz de la pandemia, generando, incluso, una nueva oferta de trabajo para muchos, así como una opción de transporte que de otra forma no podrían trasladarse y no cuentan con alternativas de transporte público, indicó Alejandra Leal.
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El tema de motocicletas, requiere un diálogo entre todos los sectores involucrados; motociclistas, industria y autoridades, que permita identificar qué medidas se deben de tomar, para que estos viajes se hagan de forma segura y ofrecer a la par, otros medios de traslado seguro, como es el transporte público, indicó la activista al destacar que la agenda de movilidad es muy amplia, requiere una revisión constante, consenso y no dejar todo al actuar individual.
“No debemos dejar todo al actuar individual, es como sí solamente dependiéramos de lo que cada persona va hacer para garantizar esta seguridad, lo que dejaría afuera la tarea fundamental del gobierno que es de proteger la vida, lo cual se logra a través de regulaciones a la industria, al diseño de calles y para garantizar que el consumidor tenga suficiente información para tomar mejores decisiones”, indicó.
No han funcionado programas de educación vial
Otro aspecto importante es la facilidad con que se expiden las licencias de manejo, lo cual no ocurre en ningún país del mundo que haya avanzado en temas de seguridad vial, destacó Stephan Brodziak, coordinador de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor, quien comentó que los programas de educación vial no han sido efectivos para producir los resultados esperados.
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“Hemos gastado mucho dinero en programas y campañas que buscan educar a ciclistas, motociclistas o peatones”, indicó Brodziak al precisar, por el contrario, que la medida que ha demostrado ser más efectiva es impulsar el diseño seguro de las ciudades.
“En vez de tener que cruzar un puente, se deben crear cruces seguros a nivel de calle, porque los puentes peatonales, mejor conocidos como puentes “antipeatonales”, no pueden ser utilizados por personas en sillas de ruedas, con algún tipo de discapacidad motora no visible como son las personas con insuficiencia cardiaca o diabetes; personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, con niños en brazos o en carriola.
Otro tema importantísimo es la aplicación de los reglamentos de tránsito, toda vez que en la Ciudad de México el cuerpo policiaco es insuficiente y vulnerable para hacerlo cumplir, de ahí que se tiene que avanzar hacia el uso de tecnologías, que ya existe en otras ciudades del mundo, para automatizar infracciones de tránsito, límites de velocidad, conductas de riesgo o la conducción temeraria.
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Se necesita registro de responsables en un siniestro vial
Se necesita también, indicó, un registro nacional de vehículos y conductores, que permita saber perfectamente de quién es la responsabilidad en un siniestro vial; además de retomar el programa de fotomultas, que logró reducir las muertes por hechos de tránsito, como lo revela un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Otra inequidad que se debe corregir es que el 70% el presupuesto destinado a obra pública se va a infraestructura dedicada al automóvil, mientras que el 30% restante se va a transporte público, infraestructura ciclista y mantenimiento de parques y jardines, a pesar de que el 70 y 80% de los traslados se realizan en transporte público o a pie, destacó Stephan Brodziak.
“La Ciudad de México ha padecido en términos fiscales, y lo hemos podido analizar con el tema del pago de la tenencia vehicular, que una gran parte de la flota vehicular que circula en la capital del país está emplacada en otra entidad vecina, como Estado de México, Puebla o Morelos, lo que dificulta levantar una infracción de tránsito e incluso hacer efectivo el pago de las multas”, indicó José Arévalo, especialista en derecho público del Instituto del Sur Urbano.
“En este tema encontramos un vacío jurídico muy importante y creemos que no hemos sido suficientemente creativos para atender esta problemática, cuando en otras regiones del país, lo que se ha propuesto es tener un número de identificación metropolitano para grandes zonas atractoras de viajes, donde se encuentran vehículos registrados en otras jurisdicciones”, señaló José Arévalo al precisar que se requiere compaginar el reglamento de tránsito con el código fiscal.
Al respecto, Alejandra Leal consideró que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, establece que las autoridades de todo el país deben promover el uso de tecnologías para garantizar la aplicación de la ley.
Comentó que el tema educativo tiene que ser complementario de una sanción económica, para que efectivamente se pueda cambiar una conducta. “No se tiene que perder la parte cívica y los cursos, pero vinculados a la sanción económica”.
Otro pendiente en la Ciudad de México es actualizar su Ley de Movilidad, “porque todas las entidades federativas, tras la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, deben actualizar sus marcos normativos, y a pesar de que la capital del país tiene una de las legislaciones más avanzadas, todavía hay pendientes”, señaló Alejandra Leal.
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