La violencia obstétrica es un problema social que padecen las mujeres y tiene un impacto diferenciado al depender del acceso a la salud, advirtió la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, donde la Ciudad de México tiene el porcentaje mayor de incidencia en ese tipo de violencia.

En el marco de la presentación del libro “Violencia en las salas de parto: Un acercamiento a la violencia obstétrica en Zacatecas”, citó que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Ciudad de México es la que tiene el mayor porcentaje de incidencia de violencia obstétrica.

“Cuatro de 10 mujeres refieren ser Víctimas de esto; y Zacatecas está abajo, con 3 de cada 10. Pero cuando lean el libro, notarán que lo que pasa en Fresnillo, también se da en Iztapalapa”, indicó.

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Ramírez Hernández detalló que los datos de la citada Encuesta de los años 2016 y 2021 reflejan que no se ha incrementado esta violencia, se mantiene igual; sin embargo, dijo, esta situación está normalizada y naturalizada, y las estadísticas se quedan cortas.

Informó que la CDHCM ha emitido 13 Recomendaciones sobre violencia obstétrica. “Y las primeras investigaciones se referían a la violación del derecho a la vida, pero se ha ampliado la visión al incorporar en las últimas Recomendaciones la gradualidad de violación a una vida libre de violencia y la integralidad con más”.

Ramírez Hernández se pronunció por emprender una batalla en contra de la naturalización de la violencia obstétrica. “Hay que defender que ninguna mujer, desde donde esté, ni ninguna persona gestante, tenga que ser víctima de esta violencia institucional y socialmente normalizada”.

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En su oportunidad, la coautora del libro y ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez Campos, externó que los casos que detalla la publicación son sólo una muestra de la violencia y la discriminación que enfrentan las mujeres en todo el país, por servidores públicos del sistema de salud.

Agregó que a nivel estatal y nacional las mujeres son altamente vulneradas de manera sistemática en sus derechos humanos, al no recibir atención obstétrica respetuosa, digna, de calidad y sin violencia.

Se pronunció por la necesidad de avanzar hacia la construcción de un marco normativo que garantice partos humanizados y el respeto a la condición de las mujeres al momento del alumbramiento, en la intersección de los derechos humanos de las mujeres con su derecho a la salud.

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Por su parte, la ex Senadora de la República, Martha Tagle Martínez, reconoció que es necesario legislar en la materia, toda vez que es una causa fundamental del feminismo, para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de todas las condiciones sociales.

Puntualizó que la falta de denuncias en la materia se debe al desconocimiento de estos derechos en la agenda de las mujeres, ya que sigue prevaleciendo la visión medicalizada, donde los profesionales de la salud tienen la última palabra y ellas son ajenas a un parto humanizado y libre de violencia obstétrica.

Igualmente, la especialista en Salud Pública y coautora de la investigación, Flor de María Sánchez Morales, recordó que este tema se estudia desde hace por lo menos 30 años como problema de salud pública, sociocultural, de género y donde las pacientes mujeres ocupan el nivel más bajo en el sistema de atención a su salud.

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En tanto, la Médica Cirujana y Partera, María Esther Jandette Chávez, afirmó que la violencia obstétrica la viven todas las personas, tanto hombres como mujeres, la cual se ha ido incrementado con el correr de las décadas. “El bebé que esté en la pancita de la mamá también padece esta violencia”, expresó.

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