Tras el anuncio de que la Cámara de Diputados recibió una iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre una reforma que fusiona y desaparece al menos 18 organismos y fideicomisos de Gobierno.
De los 18 organismos que se propone fusionar, integrar a otro o extinguir, ocho asumen funciones directas para la protección, promoción, garantía y respeto de derechos humanos de grupos de atención prioritaria como la SIPINNA, CONADIS, Instituto Mexicano de la Juventud, COMAR; mientras que siete ejecutan funciones asociadas con derechos al medio ambiente, a la alimentación y al agua.
Sobre los primeros -aquellos cuya función está centrada en grupos de atención prioritaria- se observan cuestiones relevantes a considerar.
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Dijo que de acuerdo con el texto de la exposición de motivos, la iniciativa “tiene por fin racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública dependiente del Poder Ejecutivo con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente”.
La CDHCM comparte todo planteamiento orientado a perseguir dichos objetivos. A la par, congruente con su mandato constitucional como parte del Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos en el país, este Organismo vela necesariamente por que tales objetivos se obtengan como resultado del cumplimiento de las obligaciones del Estado de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos, y la centralidad de las estrategias que las aseguren y constituyen su razón de ser.
Armonizada con tales finalidades esenciales, cualquier modificación del aparato público debe de atender también los principios de razonabilidad y proporcionalidad con miras al ejercicio progresivo de los derechos humanos y en aras de garantizar el derecho que tenemos todas las personas a una buena administración pública.
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La Comisión de Derechos Humanos local expresa algunas observaciones sobre el contenido de la iniciativa expuso que se observa necesario garantizar que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) continúe bajo la coordinación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación para asegurar que las funciones y atribuciones se realicen bajo un estricto enfoque de derechos humanos.
Es también indispensable mantener la autonomía técnica y especializada para garantizar el derecho a solicitar y recibir asilo y, en general, acceder al sistema de protección internacional en México. La integración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-SIPINNA) al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) demanda funciones diferenciadas en cuanto a estándar y mandato de protección.
El primero se enfoca en protección general mientras que al DIF compete la protección especial. Sumado a que este último no sólo enfoca sus tareas a niñas, niños y adolescentes.
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En el cuarto punto resaltó que si bien la iniciativa propone mantener las funciones del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores dentro de la Secretaría del Bienestar, el cambio de organismo público descentralizado a unidad administrativa no puede ni debe significar retrocesos en la agenda.
En el marco del diseño de los mecanismos normativos y de política pública para el respeto, garantía protección y promoción del derecho humano a la educación inclusiva, se observa con preocupación la migración de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe a una dependencia ajena a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, indicó que preocupa que esta medida favorezca una visión segregada y de integración de la población indígena que no abona a los necesarios avances hacia una sociedad inclusiva.
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El traslado del Instituto Mexicano de la Juventud de la Secretaría de Bienestar hacia la Secretaría de Trabajo y Previsión Social representaría un retroceso en tanto la agenda de derechos de ese grupo de atención prioritario cubre muchos aspectos que no son estrictamente laborales y que afectan a una población de personas de 12 a 29 años.
Es fundamental que, de aprobarse la transformación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) a una Unidad Administrativa encargada de la rectoría de la agenda de derechos de las personas con discapacidad en el país.
Es de la mayor relevancia insistir en que la validez del proceso legislativo para las modificaciones asociadas tanto al CONADIS como a la reubicación de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, dependen necesariamente de que se garantice el derecho a la consulta y participación tanto de pueblos indígenas como de personas con discapacidad, expuso.
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La CDHCM confía en que los aspectos anteriores sean considerados como parte de la importante discusión que se dará en los próximos días en el seno de la Cámara de Diputados.
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