En el Congreso de la Ciudad de México se analiza la propuesta de imponer ocho años de prisión a la persona que expida certificados de Covid-19 alterados, ante el negocio que se ha detectado en varias partes de la capital del país, como la plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico, donde se falsifican documentos en los que se constata que alguien salió o no al virus positivo.
La fracción parlamentaria de Morena en el Legislativo local, conminó a la ciudadanía un no incurrir en estas prácticas, porque de acuerdo con la Secretaría de Salud federal, la falsificación de pruebas de coronavirus podría aumentar la cifra de contagios y defunciones.
Una vez que se aclarara que con la falsificación de certificados de coronavirus, que se ha convertido en un negocio lucrativo en la capital del país, además de que se compromete la capacidad hospitalaria y se afecta la economía, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Legislativo local, Nazario Norberto Sánchez urgió a sancionar esa actividad ilícita.
Con una iniciativa, el diputado morenista se mostró a favor de imponer de cuatro a ocho años de prisión, así como una multa de 26 mil pesos por 179 mil pesos a quien "expida, venda, o haga uso de certificados o constancias médicas alteradas o que contengan información falsa que ponga en peligro la salud de otras personas".
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Dio a conocer que el proyecto de decreto adiciona un artículo 339 Bis al Código Penal vigente, con el fin de detener esa actividad ilícita.
Fundamentó que diversos reportes han dado que los resultados de las pruebas apócrifas se venden en las calles del Centro Histórico desde 700 a 800 pesos,sin embargo, se vende hasta 500 pesos.
Lamentó que la delincuencia se subsane diariamente con el propósito de afectar a la colectividad y se aproveche de la pandemia con un nuevo negocio ilegal, que consisten en la venta de resultados de pruebas de Covid-19, elaboración por laboratorios clínicos apócrifos bajo las denominaciones de El Chopo, Digna Salud, y Olab, entre otros.
Señaló que esta situación se ha presentado en estados como Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua y por supuesto en la capital del país.
Expuso que además del impacto económico, es grave la usurpación de identidad de laboratorios que no han prestado un este tipo de irregularidades, al tiempo que dijo que lamentablemente la intención del cliente puede ser una oportunidad de obtener una resultado negativo en realidad se encuentra contagiado y poner en riesgo la salud de otros.
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