Debido a una supuesta serie de irregularidades se interpusieron diversas inconformidades para suspender la licitación SAF-DGRMSG-LP-05-24, organizada por la Secretaría de Administración y Finanzas para la compra de vales de despensa de fin de año para los trabajadores del servicio público capitalino.
Las quejas en contra del proceso son porque de todos los posibles competidores sólo uno podía cumplir el 100% de los requisitos, en este caso es Broxel, de Gustavo Gutiérrez.
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Entre las empresas interesadas en el proceso estaban Pluxee México, de Carlos Ferrer; Edenred, de Jorge de Lara; Toka, de Hugo Villanueva; Up Sí Vale, de Oliver Bernon; Efectivale, de Pedro De La Peña Kuri; y OneCard S.I., de Oscar Ramos Peart.
Al final se quedó Toka, encabezada por Hugo Villanueva, que fue quien presentó las quejas a la Contraloría y, de concretarse la adjudicación a Broxel, el erario podría resentirse. Se habla de una pérdida potencial de 400 millones en bonificaciones no aprovechadas.
El proceso
Debido a la supuesta imposición de un requisito que solamente podía cumplir Broxel en la compra de vales de fin de año para el gobierno capitalino, en el que la empresa subastó contra sí misma, sin alcanzar las compensaciones de años previos en perjuicio del erario.
La firma de Gustavo Gutiérrez “compitió” contra sí misma en la adquisición SAF-DGRMSG-LP-05-24, como resultado de la cláusula en que se pedía a los integrantes del ramo un convenio de afiliación con la Central de Abasto de la CDMX (CEDA), trámite que el personal del organismo se negó a celebrar con al menos una de las interesadas en concursar.
Tal como consta en el oficio FCDA 04-400.5-003-2024, la coordinadora de Administración y Finanzas en CEDA, Juana Osorio Evia, contestó a la petición de Toka Internacional que “no se advirtió que exista algún antecedente o convenio de afiliación con este fideicomiso por lo que no estamos en posibilidad de atender su solicitud”.
No obstante, llegado el 12 de noviembre pasado, día marcado para recibir las propuestas, Broxel fue la única en presentar dicho documento, y por tanto, la única en participar, aunque tanto Toka como Efectivale habían comprado las respectivas bases para sumarse al procedimiento.
Para el 14 de noviembre ya se sabía que el veredicto de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG), liderada por Beatriz Adriana Espinosa López, era a favor de la razón social de Gutiérrez Galindo; sin embargo, durante la sesión transmitida vía YouTube saltó a la vista que Broxel disminuyó drásticamente el porcentaje de bonificación con el que había acudido al acto de apertura, pues de tener 1% inicial, el día del fallo arrancó con 0.01% como piso de saque, sin que el ajuste fuera informado a los asistentes previo a la subasta.
Luego de la omisión en la fe de erratas y 10 rondas de pujar contra sí misma, Broxel totalizó con compensaciones de 4.2%, porcentaje lejano al 9.17% que se alcanzó en 2020, durante el concurso SAF-DGRMSG-LP-07-20, en el que sí compitió contra otra empresa.
Apenas a mediados de 2022, Broxel fue amonestada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), luego que en 2020, infringió la Ley de Ahorro y Crédito Popular al “proporcionar en forma dolosa información falsa, imprecisa o incompleta”, sin que a la fecha haya recurrido a algún medio de defensa.
Entre sus antecedentes también figuran las indagaciones que César Craviotto solicitó en 2018 a autoridades federales y locales, incluida la CNBV, al afirmar que las tarjetas de la empresa de Gustavo Gutiérrez se utilizaron para incitar el voto a favor de Ricardo Anaya y Alejandra Barrales para el Ejecutivo y la capital, respectivamente.
A pesar de dicho desencuentro con Morena, durante el mandato de Enrique Peña Nieto, Broxel únicamente sumó seis contratos a nivel federal por 404 millones 721 mil pesos; mientras que de 2019 a la fecha acumula 237 convenios por 2 mil 658 millones de pesos.
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