Ante el hecho de que el uso irresponsable de los drones que resultan de ayuda en labores fotográficas y de seguridad, puede constituir delitos contra la privacidad o de daños ambientales y hacia sus personas, incluso en provocarles la muerte, en el Congreso de la Ciudad de México es materia de análisis el sancionar el uso negligente de los mismos en territorio capitalino.
La vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en el recinto de Donceles y Allende, María Guadalupe Morales Rubio, es la que promueve el regular y sancionar el uso de drones de manera negligente o en lugares prohibidos para ello.
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Además, en el recinto de Donceles y Allende ya fueron ingresadas en la actual II Legislatura, un par de iniciativas dirigidas a impedir que la delincuencia organizada utilice en la metrópoli ese tipo de aparatos aéreos para cometer ilícitos y con ello, obstaculizar se les dé un uso fuera de la ley como acontece por parte de la Familia Michoacana, en el estado de Guerrero.
Se pretende que en la Ciudad de México haya un control sobre los drones para que su uso no esté fuera del alcance de las autoridades y se puedan evitar acciones del crimen organizado, como el llevar a cabo ataques aéreos con esos instrumentos controlados por control remoto.
El ataque con drones acontecido en días pasados en la Sierra de Guerrero que dejó cinco muertos y se le adjudicó a la Familia Michoacana, ha encendido la alerta en el Poder Legislativo local, por lo que se busca un mayor control de las pequeñas aeronaves no tripuladas.
Para los representantes populares locales los cambios aprobados en octubre pasado al Código Penal local para agravar las penas a delitos con el apoyo a drones aún son insuficientes, aún y cuando las penas se aumentaron en una mitad si en la realización de estas conductas delictivas se utilizan este tipo de aparatos.
El 3 de octubre, en sesión ordinaria, se avaló el dictamen a la iniciativa para reformar el artículo 224 del Código Penal del Distrito Federal, con la finalidad de agravar las sanciones del tipo penal de robo cuando se utilicen drones o vehículos aéreos no tripulados.
También, fue aceptada la reserva propuesta por el diputado Jorge Gaviño Ambriz, para que la reforma del artículo 224 “que se refiere a penas por delito de robo específico” se aplique al 71, “que es la parte general de agravantes de delitos dolosos, para que, al utilizar un dron para cometer algún delito, se aplique de manera inmediata la agravante”.
Sin embargo, está el reconocimiento por parte de diputados locales de que falta mucho por hacer, ante el hecho de que prácticamente ya se volvió común que el crimen organizado se apoye de drones que están prohibidos por las autoridades como de uso común, ante las especificaciones que tienen y el riesgo que representan.
Dentro de la iniciativa que presentó y que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Poder Legislativo local, María Gabriela Salido Magos, turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, la morenista Morales Rubio fundamentó que los drones, también conocidos como vehículos aéreos no tripulados, son aeronaves que no requieren de un piloto a bordo para ser controladas, y pueden ser pilotados de forma remota por un operador humano o seguir rutas preprogramadas al requerir sistemas de navegación y sensores. Por ello, han resultado útiles para labores fotográficas o de seguridad.
Aclaró que, sin embargo, el uso indebido de estas aeronaves también puede constituir delitos como violación a la privacidad, interferencia del espacio aéreo y daños ambientales.
Por ello, en la Ciudad de México ya existe una modificación al Código Penal local que agrava las penas cuando se utilizan estos aparatos para la comisión de ilícitos.
De esta manera, la iniciativa presentada desde la bancada de Morena, busca abonar a una adecuada regulación normativa del uso de los llamados “drones” en la Ciudad de México. En ese sentido, se adiciona la fracción XXII al artículo 28 para contemplar como infracción contra la seguridad ciudadana el utilizar aeronaves pilotadas a distancia de forma negligente o en lugares prohibidos para ello y se modifica únicamente en cuestión de forma las fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI con el objetivo de mejorar la técnica legislativa.
En su momento, fue la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso capitalino la que promovió aumentar el castigo penal por el uso de drones con el fin de cometer diversos delitos, como es el caso de robo a casa-habitación.
Al respecto, el diputado panista Diego Orlando Garrido López, refirió que ese tipo de rastreadores llevan cámaras incorporadas o que pueden ser acopladas en su carcasa y al volar cerca de una vivienda, permitirían obtener imágenes con mucho detalle de cualquier punto poco vigilado, así como obtener información sobre si está habitada, cuando se van sus ocupantes o qué vías de acceso tiene.
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Delineó que se trataba de aumentar al doble la pena de prisión, para aquellas personas que utilicen algún tipo de dron o vehículo aéreo no tripulado, con el propósito de entrar a cualquier domicilio y ejecutar el delito de robo.
“Muchas personas se sienten sumamente inseguras, porque no pueden estar tranquilas ni en sus propios domicilios, debido a que desconocen si en algún momento alguien está vigilando su vivienda por medio de un vehículo aéreo no tripulado, con el propósito de entrar a robar y, por lo tanto, adueñarse de todas sus pertenencias”, fundamentó.
De ahí que se logró reformar el artículo 224 del Código Penal local, en materia de uso de drones o vehículos aéreos no tripulados, con el reconocimiento de que a decir de los ciudadanos, en varios casos de los robos a inmuebles, se ha demostrado que previamente se lleva un sobrevuelo de rastreadores para vigilar las entradas, el movimiento y la llegada, así como la salida de los propietarios.
Y más allá de que los delincuentes los utilicen para emprender sus fechorías, los drones también ya tienen un mayor uso por parte de corporaciones policiacas para vigilar determinadas zonas de las ciudades.
Cada vez se implementan nuevas tecnologías para combatir los índices de delincuencia, para proteger al ciudadano mientras se resguarda la vida de los elementos policiacos.
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