Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México busca que el Congreso local apruebe la iniciativa de ley que envío para modificar 30 artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, entre ellos el 40 para permitir que las víctimas obtengan vivienda y/o créditos accesibles para la adquisición o mejoramiento de la vivienda.
Este programa deberá considerar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentren las mujeres víctimas y se solicita que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Fiscalía les faciliten los trámites.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deberá conservar un registro fotográfico de la víctima, de la descripción de sus lesiones, objetos y vestimenta con que haya sido encontrada pues éstos servirán para resolver cada caso, así como para investigaciones de la misma naturaleza.
“Cuando se trate de cadáveres no identificados o que no puedan ser reconocidos, deberá realizarse un estudio para determinar su ADN que se integrará al Banco de Datos de Información Genética, a cargo de la Fiscalía, al que se incorporará la información genética de familiares de mujeres desaparecidas o presuntas víctimas de feminicidio, cuando así lo soliciten o en cumplimiento a una orden de la autoridad judicial.
El documento explica que el resguardo de más de 100 días por la pandemia del Covid-19 en México, aumentó alrededor de 20% las llamadas al 911 por violencia contra las mujeres además de que la atención en las instancias estatales y municipales creció entre 20 y 730%.
Esta medida de resguardo domiciliario en el que las familias conviven durante tiempos prolongados en un espacio en común generó el incremento de situaciones de violencia que viven las mujeres en la Ciudad de México en sus hogares, creando escenarios de vulnerabilidad para ellas al encontrarse confinadas con sus agresores y aisladas de las personas que pueden brindarles apoyo, siendo actualmente un momento crítico para las mujeres, sus hijas e hijos.
De acuerdo con la Red Nacional de Refugios en México en los dos meses de cuarentena aumentaron las atenciones brindadas en casos de violencia contra las mujeres lo que representa un aumento de más del 70% en comparación con el mismo periodo en 2019.
En marzo 2020 se recibieron un 303% más llamadas a la Línea Mujeres CDMX que en marzo de 2018 y un 191% más que marzo de 2019. Las cifras indican que las llamadas a esa línea en enero de 2018 ascendieron a 169, en enero de 2019 fueron 214 y en este año 194.
En Febrero de 2018 se recibieron 165, en el mismo mes pero de 2019 fueron 188 y en febrero de este año subieron a 408. Para marzo del 2018, esa línea recibió 201 llamadas, un año después durante el mismo mes se realizaron 279 y en el presente año aumentaron a 811. En abril del 2018 se recibiendo 252 llamadas, en 2019 entraron 211 y en el mismo mes del 2020 fueron 268.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la Ciudad de México es una de las entidades federativas con mayor proporción de violencia contra las mujeres (79.8%), principalmente en ámbitos como el familiar y especialmente de pareja. Por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres ha vivido algún evento de violencia en su vida.
Por lo anterior, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum envió una iniciativa al Congreso capitalino para garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia. “Es necesario que en la normatividad jurídica propicie el empoderamiento de la mujer así como el fortalecimiento de las Instituciones para contar con mecanismos eficaces para prevenir e impedir eventos de violencia contra las mujeres”.
En la iniciativa se explica que para el Gobierno de la Ciudad de México es prioritario que se tomen medidas urgentes en las diferentes esferas de poderes, para salvaguardar la seguridad de las mujeres, sus hijas e hijos, a efecto de que puedan permanecer en sus hogares de manera segura, generando un espacio libre de violencia, reconociendo que parte de la problemática en materia de violencia familiar se genera cuando los agresores son los principales proveedores económicos del hogar.
Además de que en ocasiones son quienes establecen relaciones contractuales para el uso de las viviendas y cubren los gastos propios del hogar; situación que implica que las víctimas se encuentren en un estado de riesgo continuo al no contar con independencia y suficiencia económica para hacer frente a los gastos.
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