Debido a los abusos que se cometen en contra de personas mayores a los 60 años, al quitarles poder de decisión de los recursos económicos que obtienen por diversas vías, como las ayudas gubernamentales, para beneficio de terceros, en el Congreso de la Ciudad de México está lista para su análisis una iniciativa tendiente a combatir con sanciones esa práctica que se ha hecho común.
La integrante de la fracción parlamentaria de Morena en el Poder Legislativo local, Marisela Zúñiga Cerón, se pronunció porque se adopten las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas mayores, a lo que se sumaron diversos legisladores, al considerar que ese grupo poblacional es víctima de la tiranía de quienes se toman la libertad de disponer a su gusto de un dinero que no les corresponde.
Reconoció que se hacen necesarias las intervenciones legislativas, orientadas a proteger el patrimonio de las personas mayores, obtenido de las pensiones de naturaleza social.
“Esas acciones deberán realizarse sobre normas de derecho penal, en atención a la razón legitima que existe de tutelar los bienes que resultan necesarios y básicos para la vida, la subsistencia y la dignidad de los integrantes de un grupo de atención prioritaria y que, debido a las condiciones en que viven, se encuentran muchos de ellos en situación de vulnerabilidad”, declaró la representante popular morenista.
Consideró que el ingreso por pensión contributiva y la que no lo es, constituye el mínimo económico que llegan a obtener las personas mayores para sus alimentos, medicinas y vivienda, por lo que las autoridades están obligadas a implementar diferentes medidas para su adecuada optimización y protección eficaz.
Se trata de que los ingresos que obtiene ese sector poblacional, dijo, cumplan con el propósito para el cual fueron concebidos y, evitar que de manera directa o indirecta sean despojados de ellos.
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“Las personas mayores debido a la necesidad, ignorancia, inexperiencia, estado de enfermedad físico o mental en el que se encuentran, requieren el apoyo de terceras personas para que los asistan en el manejo y administración de este patrimonio; sin embargo, dichas personas en ocasiones desvían el objetivo de estos recursos, dándoles usos en beneficio propio o ajenos a los originalmente programados”, fundamentó.
Zúñiga Cerón presentó una iniciativa que adiciona un artículo 234 Bis al Código Penal local, para sancionar a quien administre recursos económicos de una persona mayor de sesenta años para utilizarlos en beneficio propio o de un tercero.
La representante del Distrito XXVII, mencionó que las personas mayores son un grupo de atención prioritaria y que el gobierno está obligado a adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como eliminar las barreras que impiden la realización plena de sus derechos para alcanzar su inclusión en la sociedad.
Dio cuenta que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el documento del año pasado “Pobreza y Personas Mayores en México”, el 30 por ciento de esos ciudadanos gozan de una pensión por jubilación, obtenida como producto de sus actividades laborales desarrolladas a lo largo de su vida.
Comunicó que el 70 por ciento restante, no tiene la posibilidad de acceder a una pensión social de esta naturaleza, por lo que su única fuente de ingresos es la pensión no contributiva que les proporciona el gobierno.
“Las personas mayores debido a la necesidad, ignorancia, inexperiencia, estado de enfermedad físico o mental en el que se encuentran, requieren el apoyo de terceras personas para que los asistan en el manejo y administración de este patrimonio; sin embargo, dichas personas en ocasiones desvían el objetivo de estos recursos, dándoles usos en beneficio propio o ajenos a los originalmente programados”, declaró.
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