Para aumentar el número de trabajadoras del hogar con seguridad social en el Estado de México, diputados locales autorizaron, por primera vez, subsidios para quien contrate a estas personas, incluidas aquellas connacionales que fueron repatriadas en los últimos tres años.
Durante la sesión legislativa, los representantes populares resaltaron las disposiciones de la Ley de Ingresos del estado, e indicaron que el objetivo de estos subsidios es para fomentar la generación de empleos dignos y bien pagados.
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De esta manera, el Congreso local aprobó el subsidio de 100 por ciento en el pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal por la contratación de personas vulnerables.
De acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado, con base en datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Estado de México registra al menos seis mil 656 personas trabajadoras del hogar y con el subsidio por su contratación se busca reducir su vulnerabilidad e incentivar su participación en el mercado formal; garantizar sus derechos y seguridad.
La Ley Federal del Trabajo define a una persona trabajadora del hogar como aquella que de manera remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar.
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Para el caso de las personas repatriadas, el subsidio al ISERTP busca reducir sus desventajas para encontrar un empleo formal e incrementar su bienestar, tomando en cuenta que esta medida puede aportar a reducir los niveles de desigualdad en el país.
Cabe señalar que en los últimos años las repatriaciones han aumentado 60 por ciento y el Estado de México ocupa el 8º lugar de los estados del país con más personas repatriadas desde Estados Unidos, con 7 mil 991, quienes representan 5 por ciento del total nacional.
El subsidio también aplica por la contratación de mujeres jefas de familia, personas mayores (de 60 años o más), recién egresadas, personas que accedan por primera vez al mercado laboral, las y los pertenecientes a alguna comunidad de origen indígena, liberadas con motivo de la Ley de Amnistía del Estado de México y quienes hayan perdido su fuente de empleo formal de marzo a diciembre de 2020 y de enero a diciembre de 2021, periodo en que se recrudeció la pandemia de covid-19.
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