La justicia electrónica debe ser una obligación para el Estado Mexicano, toda vez que a raíz de la pandemia, la sociedad pasó de una vida física a una digital, coincidieron especialistas, servidores públicos y diputados locales, quienes establecieron que la transición en ese sentido se ha dado de manera natural.
El presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, José Octavio Rivero Villaseñor, afirmó que la emergencia sanitaria que aún se vive, visibilizó la necesidad de adaptar la impartición de justicia a procesos en que se utilicen las tecnologías de la información y que traigan beneficios de ahorro, austeridad, disminución de la corrupción y, sobre todo, agilización de trámites en beneficio de los capitalinos.
El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero Chiprés, sostuvo, en el foro “Justicia Electrónica en la Ciudad de México”, que a partir de la pandemia por el Covid-19 se intensificó el tránsito de la vida física a la digital, por lo que el derecho necesariamente tiene que ir hacia los entornos digitales.
Aludió que los resultados que surjan del ejercicio de intercambio de ideas y posturas, servirán de base para llevar a cabo las reformas legislativas necesarias con el fin de impulsar la justicia electrónica.
Comentó que los avances tecnológicos han reportado beneficios en todos los ámbitos, incluido el de la justicia, con una reforma al sistema penal que ha permitido agilizar, simplificar y transparentar procesos.
A su vez, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, aseveró que antes del Covid-19 el sistema de impartición de justicia comenzó con un proceso de cambio, mediante el diseño de diversas herramientas y plataformas electrónicas, que contribuyen a socializar su aprovechamiento, beneficios y ventajas para el trabajo jurisdiccional.
Mientras, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México, Jesús Anlén Alemán, aseguró que el “juicio en línea permite la optimización de procesos para perfeccionar el acceso de nuestros servicios a la ciudadanía, con la finalidad de que la interacción entre los sujetos procesales y los juzgadores sea más eficiente”.
Urge reformar legislaciones
El comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), Arístides Rodrigo Guerrero García, se refirió a la necesidad de reformar diversas legislaciones mexicanas, porque en la actualidad es notable la importancia que tiene el uso de la tecnología y, por ende, la protección de los datos personales.
Destacó que antes de la pandemia, el mundo ya se preparaba para la transición a lo digital. En el 2016, países como Francia, dijo, lanzó su Ley de la República Francesa; España creó su ley 3/2018, en donde incorpora la importancia de las tecnologías de la información y en la Constitución de Chile se contemplan los neuroderechos.
Coincidió en que la transición a lo digital se ha dado de manera natural, porque de los tres mil 711 recursos de revisión que se han presentado durante su gestión, tres mil 594 se hicieron de manera electrónica y únicamente 117 en físico.
Expuso que la tecnología hace más sencillo el trabajo y a nivel nacional, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), aumenta cada vez el número de solicitudes de información.
Por lo que hace al ámbito judicial, Guerrero García destacó que, por decisión de los congresos federal y local, las sentencias judiciales deben ser publicadas en los portales electrónicos de los tribunales, con el objetivo de potenciar el principio de máxima publicidad.
No obstante, estimó necesario reconstruir la forma en la que los tribunales llevan a cabo los procedimientos judiciales, en tanto que abogados y magistrados deben diseñar una nueva redacción de las sentencias para que al momento de redactarlas y difundirlas no se vulneren los datos personales de los implicados.
Señaló que la transparencia y el acceso a la información son pilares fundamentales para el tránsito a la impartición de justicia digital, siempre y cuando se garantice en todo momento el uso responsable de los datos personales de la ciudadanía.
En tanto, el comisionado ciudadano del INFO, Julio César Bonilla Gutiérrez, participó en la mesa denominada “Propuestas para un marco normativo que regule el Sistema de Justicia Electrónica de la Ciudad de México”. Habló de la relación entre justicia y tecnología con miras a los diseños normativos institucionales para materializar la justicia electrónica.
Se refirió a la dimensión práctica y operativa de contar con una justicia digital que beneficiaría en la tramitación de expedientes, notificaciones, registros y archivos, porque se manejarían de forma automatizada y en tal medida, acelerarían y facilitarían los flujos de trabajo en cuestiones básicamente administrativas.
En cuanto a la dimensión cualitativa, aludió la posibilidad o imposibilidad de suplir el criterio de un juez humano por una máquina, lo que pondría en duda garantizar el contenido ético en las decisiones de un algoritmo que no sea transparente o bien, que la inteligencia artificial deje a mucha gente sin trabajo.
Expuso que el mejoramiento de la justicia impacta en la estabilidad y la preservación del tejido social, así como en la legitimidad de las instituciones y en la confianza de las personas en ellas.
Resulta que para concentrar propuestas que abonen a la construcción de un marco normativo que dé sustento jurídico y garantice el derecho constitucional al acceso a la justicia pronta y expedita, se efectuó el foro “Justicia Electrónica en la Ciudad de México”, organizado por el congresista Rivero Villaseñor, quien delineó que por el Covid-19 son necesarios cambios en la impartición de justicia.
Al participar en la mesa denominada “Antecedentes y situación actual de la justicia electrónica en la Ciudad de México”, la legisladora de Morena Yuriri Ayala Zúñiga, consideró necesario actualizar el marco procesal actual, para regular el uso de las herramientas tecnológicas en los diversos procesos judiciales.
El juez Eliseo Juan Hernández Villaverde y la magistrada Ruth María Paz Mondragón, se refirieron a la incorporación de las tecnologías de la información en los procesos de impartición de justicia, que inició con la modernización del Sistema Integral para la Consulta de Resoluciones (SICOR), la creación de la Oficialía de Partes Virtual y las plataformas donde implementan medidas de protección a las mujeres violentadas, que funcionan los las 24 horas del día de los 365 días del año.
El enlace legislativo de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital del país, Oscar Ruiz Vargas, se refirió a la implementación de la denuncia digital de algunos delitos, tales como: violencia familiar, robo a bordo de vehículo, robo de vehículo sin violencia, sustracción de menores, discriminación y robo simple.
En la mesa Principios generales para un sistema de justicia electrónica en la CDMX, se analizaron temas como la certeza, eficacia, transparencia, legalidad y seguridad jurídica, así como la máxima publicidad, honradez y rendición de cuentas, con el objetivo primordial de alcanzar una impartición de justicia pronta y expedita.
Contra la corrupción
La diputada de Morena Nancy Marlene Núñez Reséndiz, afirmó que el principio de transparencia servirá para erradicar la corrupción, uno de los grandes retos y pendientes con la ciudadanía, por ello desde el Congreso local se trabajará para asegurar un marco normativo de justicia digital eficiente y eficaz.
En su turno, la legisladora del PT Blanca Elizabeth Sánchez González, quien es la suplente de la diputada María de Lourdes Paz Reyes cuando pide licencia para ausentarse del Congreso, señaló que “la pandemia nos dejó en claro que el uso de la tecnología nos afecta a todos y todas, en todos los aspectos de nuestra vida diaria, por lo que hay que ir de la mano para regular todas las actividades que conlleva este cambio, como es el proceso judicial”.
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Paul Martín Barba, magistrado del TSJ y Alejandro Ramírez Rico, secretario general de Compilación y Difusión del TJA, abordaron los retos de la justicia digital, así como la necesidad de que la propuesta normativa respete las estructuras procesales existentes.
En la mesa 2Experiencias internacionales y perspectiva en materia de justicia electrónica”, Héctor Arturo Hermoso Larragoiti, asesor de la oficina de la ONU contra las drogas y el delito, afirmó que los principales retos de los sistemas de justicia en el mundo son la agilidad, simplicidad y mayor cobertura.
Arturo Ramos Sobarzo, director del Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, comentó las ventajas de la justicia abierta en línea, que se ha aplicado exitosamente en países como Reino Unido, Japón y Sudáfrica.
La consejera ciudadana de la FGJ citadina, Alejandra Romero Galván, expresó la conveniencia de utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas de trabajo colaborativo, para la impartición de justicia electrónica y los juzgados virtuales.
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