Mediante la eliminación de barreras que actualmente hay en la ley y que impiden tramitar de forma rápida las denuncias ciudadanas que exigen justicia ambiental, el vicecoordinador de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad del Congreso capitalino, Jesús Sesma Suárez, promueve el fortalecimiento de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT).
El también vicepresidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del recinto de Donceles y Allende, dejó en claro que actualmente la Ley de Justicia Administrativa tiene una barrera para la protección de los derechos ambientales de los habitantes de la capital del país, que es el plazo con el que cuenta la PAOT para interponer la Acción Pública ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que es de 45 días a partir de que se le presenta una denuncia o comience a investigar de oficio alguna irregularidad en materia de desarrollo urbano, como la ejecución de construcciones o cambios de uso de suelo ilegales.
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Refirió que es fundamental que el plazo con el que cuenta la PAOT para interponer la Acción Pública, no empiece a contar a partir de que se le presenta una denuncia sino a partir de que emita su dictamen técnico o emita su resolución administrativa.
Insistió que ese plazo no es suficiente para que la Procuraduría Ambiental de la metrópoli tenga la certeza de que dicha irregularidad en realidad se cometió, porque para ello tiene que llevar a cabo múltiples acciones para emitir un dictamen o una resolución administrativa bien fundada y motivada en la que se confirme la ilegalidad.
Jesús Sesma sostuvo que lo anterior ocasiona que las Acciones Públicas no se presenten a tiempo y sean desechadas por extemporáneas por el Tribunal de Justicia Administrativa y después también por los tribunales federales.
Ello, abundó, deja en un estado de indefensión no solo a las personas que denuncian, sino a todas y todos los capitalinos que se ven afectados por la realización de obras que no cuentan con los permisos correspondientes y que dañan el medio ambiente y el desarrollo urbano.
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“Esta reforma es más que necesaria porque, como todos sabemos, en los últimos años el sector inmobiliario y comercial ha experimentado un crecimiento acelerado en la Ciudad de México, lo que ha llevado a la existencia de construcciones, actividades y aprovechamientos del suelo que no se ajustan a la Ley”, detalló el congresista verde ecologista en declaraciones a los medios de comunicación.
La propuesta legislativa es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 154 y se adicionan los artículos 154 bis y 154 ter de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México que fue turnada para su análisis a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con opinión de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México.
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