El endurecer las sanciones contra los responsables de edificaciones ilegales promueve Morena desde el Congreso de la Ciudad de México, al apoyar una iniciativa que propone hasta ocho años de prisión y que se homologuen las penas con delitos que ponen en riesgo la vida.
Al presentar en la sesión de la Comisión Permanente del recinto de Donceles y Allende la propuesta que la presidenta de la Mesa Directiva de ese órgano deliberativo, la panista Gabriela Salido Magos remitió a la las Comisiones de Desarrollo, Infraestructura Urbana y la de Administración y Procuración de Justicia, donde será analizada y dictaminada, la vicecoordinadora de la diputación morenista, María Guadalupe Morales Rubio, fundamentó que en la metrópoli hay un gran número de inmuebles que se construyeron o se edifican con total ilegalidad.
Desde la tribuna de la sede del Poder Legislativo local y al explicar la iniciativa, dijo que se trata de endurecer las sanciones contra Directores Responsables de Obra y dueños de edificaciones que se construyen sin apego a las normas vigentes.
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Insistió que en la urbe hay muchos edificios que no cumplen con las normas mínimas de construcción, ni de seguridad bajo la responsivas de Directores Responsables de Obra, corresponsables de obra o propietarios, que pareciera que lo único que les interesa es su beneficio económico, sin importar pongan en peligro la vida y seguridad de las personas.
Morales Rubio estimó necesario que las sanciones por este ilícito se homologuen a las sanciones por delitos que ponen en riesgo la vida.
En relación a lo anterior refirió que al edificar una construcción irregular se pone en peligro de muerte a las personas que habitan los inmuebles, lo que cobra relevancia en una zona sísmica como lo es la Ciudad de México.
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Informó que la reforma adiciona un párrafo al Artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal y se reforma el Artículo 329 bis del Código Penal para el Distrito Federal.
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Resulta que, con lo anterior, las sanciones por este delito se elevarán de cuatro a seis años, a una pena de seis a ocho años de prisión.
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