A pesar de que el gobierno del Estado de México está solicitando al Congreso local, dentro del Paquete Fiscal 2022, permiso para autorizar contratación de deuda para los 125 municipios, al menos 36 ayuntamientos se verían beneficiados directamente con la adquisición de crédito, al recibir “oxigeno” para enfrentar sus deudas.
Tal afirmó el director General de Crédito y Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas, David Guerrero Bordon, al detallar la solicitud de autorización para que los municipios mexiquenses contraten créditos.
Luego de que funcionarios de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal comenzaron a reunirse con diputados estatales, el instalarse la sesión permanente para el análisis del Paquete Fiscal 2022, Guerrero Bordon dijo que no todas las administraciones municipales, que el 1 de enero arrancan funciones, podrán tener la posibilidad de contratar deuda.
Aseveró que al menos estos 36 ayuntamientos, sin especificar cuáles, podrán beneficiarse con el esquema de contratación de créditos. La solicitud al Poder Legislativo es para que los 125 ayuntamientos puedan acceder a la contratación de créditos hasta por 5 mil 500 millones de pesos (mdp)para ejercer durante 2022 y 2023.
Añadió que esto sería en un plazo de hasta 30 años, destinados a la amortización de financiamientos, los cuales tendrían como garantía o fuente de pago participaciones federales y recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal de 2022 y subsecuentes.
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La petición incluye la eventual autorización para que los municipios adquieran créditos ofreciendo como fuente de pago los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y sobre las autorizaciones para el refinanciamiento del crédito Fondo de Reconstrucción, y para obtención de financiamiento garantizado con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, entre otros.
Finalmente, los subsecretarios Roberto Inda González, José Arturo Lozano Enríquez y Raúl Israel Coreno Rubio, así como el procurador fiscal José Manuel Miranda Álvarez recordaron que el Estado de México mantiene una controversia constitucional con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía por los resultados del Censo Poblacional 2020 debido a que la diminución estimada en un millón 100 mil habitantes de la entidad provocará una disminución de 4 mil 300 millones de pesos en participaciones federales, que llegarían a los 25 mil millones de pesos hasta el año 2025.
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