Establecer trabajo comunitario para todas aquellas personas que maltraten monumentos y mobiliario público durante las marchas y manifestaciones o sin la realización de las mismas, simplemente por un acto de violencia, se promueve en el Congreso de la Ciudad de México.
La propuesta va dirigida a que la persona que se le observó como provocadora de daños a muebles o inmuebles, ya sean públicos o privados, reparen los mismos con trabajo comunitario de hasta 36 horas, que consista en la limpieza, pintura y en su caso, restauración.
Para tal efecto, el diputado de la fracción parlamentaria de Morena, Nazario Norberto Sánchez, formalizó una iniciativa para que el castigo sea una disposición que se establezca en la fracción 5 del Artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica.
Fundamentó que al sector privado le han costado bastante las manifestaciones; tan solo en 2020, sus pérdidas ascendieron a unos 92 millones de pesos, siendo los más afectados los pequeños negocios, cuyos daños monetarios se estimaron aproximadamente en 70 millones de pesos, situación que los pone en un estado difícil, porque resultaron muy golpeados por la pandemia a causa del Covid-19.
“Todos tenemos derecho a una ciudad habitable y de usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas en nuestra Constitución”, declaró.
Al hacer uso de la tribuna para presentar la iniciativa, Norberto Sánchez dijo que lamentablemente algunas de las marchas y manifestaciones, realizadas en la urbe en los últimos años, han afectado severamente los bienes muebles e inmuebles.
Como ejemplo, citó que, en 2019, la Secretaría de Cultura local informó que costó cerca de tres millones de pesos la reparación, mantenimiento y limpieza de los espacios públicos afectados por diversas marchas.
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El diputado morenista declaró: “el problema nunca será que las personas ejerzan su derecho a manifestarse, sino esencialmente el tema deriva de aquellas personas que, sin el propósito de ejercer su derecho a la libertad de expresión, se convierten en personas provocadoras que impulsan y generan violencia”.
Expresó que en todo momento se debe proteger la libertad de expresión, derecho que ha tomado mayor importancia durante el actual gobierno capitalino, pero también se tiene que poner cierto orden a otros colectivos, que en las marchas generan vandalismo y delitos, actos que provocan violencia y agravios físicos contra periodistas, transeúntes y hasta ciudadanos que sí se manifiestan pacíficamente.
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