Con el reconocimiento de que la delincuencia se actualiza todos los días en las tecnologías de la información y comunicación para transgredir la seguridad de los capitalinos en cualquier manera, los diputados que conforman la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, estuvieron de acuerdo en hacerle cambios al Código Penal local en materia delitos cibernéticos e informáticos.
Se trata de incidir de manera positiva en el dictamen que tenga a bien emitir la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para que el Poder Legislativo local consolide un andamiaje legal en materia penal.
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El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Nazario Norberto Sánchez, dio cuenta que la propuesta adiciona un capítulo III al título 7 del Código Penal.
Lo anterior, para establecer una penalidad de 3 a 5 años de prisión y de 300 a 500 multa a quien haga uso indebido de las tecnologías de la información y comunicación para defraudar, obtener dinero, bienes o información; provoque la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad.
El integrante de la bancada de Morena en el Congreso, calificó de viable y oportuna la legislación para sancionar con al menos 5 años de prisión los delitos cibernéticos.
Norberto Sánchez, dijo que al estar listo el dictamen que considera viables y oportunas las reformas legales para endurecer las sanciones en materia de ciberdelitos o delitos informáticos, con una penalidad de 3 a 5 años de prisión y de 300 a 500 unidades de medida, es oportuno que cuanto antes se ponga a consideración de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y de ser aprobado, presentarlo al pleno para su ratificación.
Insistió que el análisis de este proyecto de decreto estableció como conveniente imponer dicha sanción a aquellos que hagan uso indebido de las tecnologías de la información y comunicación, que incluye a los que provoquen pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado o de empresas privadas, protegidos por algún mecanismo de seguridad.
“El castigo se agravará hasta una tercera parte cuando la información sea utilizada en provecho propio o ajeno, se cometa por algún servidor público; o bien se aumentará hasta en una mitad cuando a través del uso de los medios electrónicos o informáticos y redes sociales, se realicen conductas de usurpación de identidad, abuso y acoso sexual, fraude, extorsión o cualquier otro hecho que la ley señale como delito”, explicó el representante popular morenista.
Detalló que en el dictamen se tomaron en cuenta todos los datos referentes a los fraudes cibernéticos con los que cuenta la Comisión Nacvional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los informes de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre el acoso, sexting, grooming, ciberbullyng, difusión de contenidos sexuales sin consentimiento y pornografía infantil y sobre todo el realizar leyes acordes a los tiempos que se viven.
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Estimó muy importante s adelantarse a los tipos de ilícitos que día con día se perfeccionan a través de escuelas de fraude online, por lo cual, hay que dotar de legislaciones más efectivas a las instituciones de procuración de justicia, quienes a su vez deben actualizarse en el ámbito de las medidas de prevención.
Según la Comisión Federal de Comercio, las modalidades más frecuentes para caer en el engaño son que se alguien ganó un premio, que un ser querido está en problemas o que una persona que está interesada sentimentalmente en otra, necesita dinero o bien debe impuestos.
Aprobada la opinión de la iniciativa, se turnó a la Comisión de Administración y Procuración, encargada del análisis y dictamen.
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