Ante los elevados costos que provoca la inseguridad al aparato productivo, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) presentó cinco propuestas para fortalecer la estrategia de seguridad, a fin de incrementar la seguridad en carreteras, reducir el delito de extorsión y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.
Además del costo en vidas humanas, la inseguridad tiene un impacto económico que se traduce en el aumento de la inflación alimentaria, elevando precios de productos y alimentos de consumo popular por el pago de derecho de piso y extorsión, indicó.
Por ello el tema es materia de preocupación del pequeño comercio y, con la intención de procurar un ambiente de paz en carreteras y ciudades que permita realizar actividades económicas y comerciales en condiciones de seguridad, la ANPEC propuso implementar la Jornada nacional contra la extorsión.
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“Se trata de una campaña de gran calado en todos los frentes sociales: escuelas, iglesias, organismos intermedios, clubes, juntas vecinales, etc., en donde se difunda información sobre el delito de extorsión, dando a conocer el grave daño que ocasiona a la economía y la convivencia del país. Esta campaña debe correr tanto en redes sociales como en medios de comunicación tradicionales, impresos, televisión, radio, cines, proponiéndose el pequeño comercio como amplificadores de esta campaña en todos los rincones del territorio nacional”.
En segundo lugar, propuso elevar a delito grave la extorsión. “El castigo que debe imponerse debe ser ejemplar, disuasivo, que evite la idea de impunidad al hacerlo. Por tanto, es menester retomar esta iniciativa y concretarla en el corto plazo”, señaló.
Como tercer punto, la ANPEC propuso promover organizaciones comunitarias de vecinos. “Es importante involucrar a las comunidades en la defensa de sus intereses. No hay mejor mecanismo de seguridad que la organización vecinal, debidamente comunicados y conectados para la acción”.
“Es decir, que los habitantes de las colonias y poblaciones estén debidamente enlazados entre ellos y se mantengan atentos a cualquier notificación o alarma que se presente en su área a fin de que todos actúen de manera conjunta. Para ello se requiere de una dependencia gubernamental responsable de esto que convoque, registre y georeferencie estos grupos de manera oficial”, señaló.
En el cuarto punto, el organismo del pequeño comercio destacó la importancia de instalar un Tribunal de denuncia ciudadana en redes sociales.
“En el pasado reciente mucho se ha insistido a través de campañas que la gente denuncie cuando se ve afectada por la extorsión; sin embargo, no lo hace por temor a ser señalada; se habla también de la denuncia anónima, pero la duda persiste. Proponemos que se organicen en redes sociales muros de denuncia que sean atendidos por las autoridades, en donde cada publicación realizada sea motivo de una indagación oficial por las procuradurías. De este modo las personas establecen su propio mecanismo de denuncia, quedando ahí registrado lo que va pasando en las comunidades”.
Y en quinto lugar, planteó la posibilidad de implementar un botón de pánico y videovigilancia.
“A falta de recursos para poder contar con cuerpos policiacos de máxima proximidad, se vuelve una alternativa instalar cámaras de videovigilancia y botón de pánico en los puntos de venta del comercio local”.
Indicó que esto es posible ya que la tecnología ahora tiene un precio accesible que podría constituir una red de mayor alcance de disuasión a favor de la seguridad y combate a la violencia y a la extorsión. Esta red de videovigilancia y botones de pánico podría operar de manera autónoma con contacto directo al aparato de seguridad de las entidades.
Al señalar que la estrategia de seguridad recientemente presentada deja muchas dudas, la ANPEC advirtió que el fenómeno de la inseguridad debe abarcar todo tipo de actividad criminal, ya que focalizar la estrategia en homicidios y extorsión, que son los delitos más extendidos, puede provocar el aumento de otros delitos, como robo de autos, asaltos bancarios, robos con arma de fuego, entre otros.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC indicó que no queda claro cuál es la idea de limitar territorio y priorizar el combate a cierto tipo de delitos e informar.
Consideró que esta estrategia no corresponde a la emergencia que vive el país que exige acciones de largo aliento, de alcance nacional y de máxima cobertura de todos los fenómenos delictivos.
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“Se debe buscar combatir el contrabando y la piratería que anima la informalidad en la encomia y financia las cajas chicas de las pandillas de delincuentes mayores. Se trata también de combatir la extorsión en todos los frentes en que se da, aduanal, carretera, cobro de piso en las ciudades y en las tierras de cultivo agrícola. Asimismo bajar los índices de violencia familiar y acoso a la mujer, grandes preocupaciones de la sociedad moderna. Basta con hacer un pequeño recuento de los más recientes hechos de violencia en el país para comprender el tamaño del problema al que nos enfrentamos como sociedad”, subrayó Rivera.
Por ello urge aplicar el principio de corresponsabilidad social en el que todos los actores y fuerzas vivas de la sociedad participan de manera proactiva con acciones contra la inseguridad. “Estamos convencidos que sólo haciéndonos todos responsables de este problema es que iremos en un rumbo hacia un México seguro y en paz”, concluyó Rivera.
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