Aun y cuando la Constitución de la Ciudad de México reconoce a las poblaciones en situación de calle, que en los últimos dos años se han incrementado a causa de la migración doméstica y la pandemia por el Covid-19, es preciso avanzar en acciones que les favorezcan, al tratarse de personas cuyo modo de vida no es temporal, reconoció el coordinador de la asociación parlamentaria Ciudadana en el Congreso capitalino, Royfid Torres González.

Por ello, a fin de contar con políticas públicas claras en beneficio de quienes viven en la vía pública y dejen de ser vistas como un problema que hay que ocultar o se les trate de forma discriminatoria, el representante popular impulsa una iniciativa para reformar el Artículo 11, Apartado K de la Constitución Política de la Ciudad De México, en materia de Derechos de las Poblaciones Callejeras.

Lamentó que, en torno a las personas en situación de calle, las autoridades tomen medidas asistencialistas paliativas que no significan una atención integral.

Mueren personas en situación de calle

En conferencia de prensa para explicar la propuesta, el congresista de Movimiento Ciudadano recordó el caso de Hermelinda Vergara, quien falleció en circunstancias poco claras luego de ingresar al albergue de Atlampa y fue enviada a la fosa común.

También se refirió a Eleuterio, cuyo cuerpo está retenido en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO), debido a que sus compañeros de la calle no cuentan con facultades legales para recuperarlo.

Además, está Jorge y sus compañeros adultos mayores usuarios del albergue de Coruña, quienes han denunciado acoso y la amenaza constante de echarlos por solicitar ayuda médica y mejores condiciones de vida.

El legislador de la bancada naranja, mencionó a Berenice, madre trabajadora de población callejera a quien el DIF local le quitó a su hija por “no cuidarla” mientras ella trabajaba, así como a los niños Mimí y Donnovan quienes en el Parlamento Infantil de 2022 de la ciudad manifestaron que de mayores aspiran a que ellos y sus amigos de la calle puedan comprar un edificio para tener donde vivir.

“Si nos referimos a esas personas como poblaciones callejeras nos hará pensar en ellas como sujetas de derechos, pero además obligaremos al gobierno ser corresponsable en la construcción de opciones para superar la calle y construir una política integral de reinserción a la sociedad, útil”, delineó.

Acompañado de la vicecoordinadora de la asociación parlamentaria Ciudadana, Daniela Álvarez Camacho y el legislador Caros Fernández Tinoco, Royfid Torres González sostuvo que la población callejera actualmente puede incrementarse por la constante migración doméstica y de extranjeros que se quedan en la capital del país, pero también por efectos de la pandemia por el Covid-19.

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“El tema también es que no tenemos cifras actualizadas, trabajamos con un censo de hace seis años que es de alrededor de 7 mil usuarios de albergues y población callejera; la actual administración no cuenta con un censo real en este momento al respecto, sólo intentan esconderlos con medidas que atentan más contra su condición en sitios que tampoco tienen condiciones óptimas, como pudo comprobar mi compañera Daniela Álvarez en un recorrido en hizo por Coruña”, declaró.

Albergue con instalaciones deficientes

Por su parte la diputada Álvarez Camacho, expuso que el albergue se encontró con sanitarios sucios e instalaciones deficientes, con gente que duerme a la intemperie y hacinamiento.

Los representantes populares dieron cuenta que, durante año y medio, han interpuesto varias acciones e incluso denuncias en la Secretaría de la Contraloría General ante la problemática, pero también para poder visibilizarlo.

Torres González señaló que el cambio constitucional que se propone es un primer paso para reconocerles como tal y dotarlos de derechos, a la vez que adelantó que en unas semanas presentará una Ley de Atención Integral de Poblaciones Callejeras, para que se pueda atender de manera integral esta situación y enfocar los esfuerzos.

Insistió que es de lamentar que, a la fecha, no se sepa cuántas personas hay, en qué situación y por lo tanto solicitar recursos suficientes para ello, porque se sabe cuánto dinero se destina, pero no la forma en que se aplica y si es de manera adecuada, porque las anomalías están a la vista.

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