Los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan y Toluca están dentro de las principales localidades con mayor incidencia de extorsiones, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Al manifestar que este delito muestra tendencias a la baja, pues en 2023 registró una disminución de 3.44%, en comparación con 2022, la dependencia indicó que el 73.2% de las extorsiones se cometen principalmente en 20 municipios mexiquenses.
Índices a la baja
En un informe en el que detalló las principales detenciones de presuntos criminales dedicados a esta actividad ilícita, la Fiscalía de justicia estatal aseguró que con esta baja se rompe la racha alcista que se venía presentando desde 2017, año en que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México pasó a ser Fiscalía, teniendo la calidad de organismo autónomo.
Aseveró que las extorsiones indirectas no necesariamente tienen su origen en el Estado de México, ya que en su mayoría provienen de Centros Penitenciarios y de Reinserción Social ubicados en Jalisco, Tamaulipas y Ciudad de México, entre otras entidades federativas.
Apuntó que los registros correspondientes a 2023 indican que sólo una de cada cuatro extorsiones denunciadas se realizó de manera presencial y el resto fue de forma indirecta a través de llamadas telefónicas, redes sociales y correos electrónicos, es decir, del total de las 4,010 extorsiones que se registraron, 2,659 fueron telefónicas, 242 por medios informáticos, 97 escritas y 1,012 presenciales.
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Detenidos más de 500 delincuentes
Agregó que como resultado de las acciones operativas realizadas desde finales del 2022, fueron detenidos 593 sujetos, 380 de estos en flagrancia y 213 por cumplimiento de orden de aprehensión, todas estas detenciones en relación al delito de extorsión.
Dijo que la efectividad en este rubro aumentó 61%, respecto al 2022, en tanto que la Fiscalía obtuvo sentencias de condena en contra de 274 individuos, lo que representa un incremento del 7% en el mismo periodo. En su reporte, la Fiscalía estatal aseguró que ha logrado establecer, a través de análisis financieros, de mercado y de contexto criminal, que las acciones contra la extorsión al comercio de pollo y huevo han minado la estructura económica, financiera y patrimonial de los delincuentes.
Estos impactos se cuantifican en pérdidas superiores a 800 millones de pesos, al dejar de percibir 360 millones por operaciones no realizadas y con el aseguramiento de 24 inmuebles con valor de mercado por 440 millones, los cuales podrían ser objeto de extinción de dominio.
Apoyo de Sedena y Semar
Resaltó que en estas acciones se ha contado con la colaboración del gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por medio de la Guardia Nacional, la Coordinación Nacional Antisecuestro, Comisión Nacional Antihomicidio; y del Centro Nacional de Inteligencia, así como de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y policías municipales.
Añadió que todo lo anterior es resultado de acciones legales, operativas y de inteligencia emprendidas por esta Institución con apoyo de autoridades federales, estatales y municipales, en contra de grupos delictivos que participan en la comisión de este ilícito, principalmente los identificados con origen en Michoacán y Jalisco.
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La dependencia destacó la iniciativa presentada por el Fiscal General de Justicia del Estado de México, en septiembre de 2022, a través de la cual propuso adicionar el artículo 199 BIS al Capítulo Primero “Delitos Contra el Consumo” del Subtítulo Tercero “Delitos Contra la Economía” del Código Penal del Estado, con el fin de sancionar la coacción que ejercen delincuentes en agravio de personas o unidades económicas, para obligarlos a vender o adquirir bienes, insumos o servicios en determinados puntos, así como imponer precios por encima del mercado.
La propuesta fue aprobada por la Legislatura local en el mes de febrero del 2023, y publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 10 de marzo del mismo año. Con este nuevo marco jurídico, no sólo se tipifica como delito esta conducta ilícita, sino que su persecución no depende exclusivamente de la denuncia de la víctima, preservando con ello su seguridad e integridad.
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