En el Congreso capitalino se dio un paso más en los cambios que se pretenden hacer al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local, al haber sido aprobado por diputados en la Comisión de Asuntos Político-Electorales el plan para reestructurar al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), con lo que se prevén ahorros por 52 millones de pesos anuales.
Ahora el recorte a los recursos que se le destinan al organismo electoral estará en manos del pleno del poder Legislativo local, con una diputación morenista que quiere se le fiscalice.
Respecto a lo anterior, el presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso, Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, fundamentó que el nuevo modelo electoral de la República Mexicana establece, a partir de 2014, una centralización de atribuciones de los organismos públicos locales con funciones limitadas.
Explicó que ello no se ha reflejado en las partidas presupuestales destinadas a este ejercicio, por lo que el dictamen sugiere la redistribución de funciones y fusión de instancias para hacer eficientes las funciones electorales reduciendo los recursos que se utilizan.
Los representantes populares de la instancia legislativa, avalaron el dictamen pasra reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para aplicar los principios de racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas en el gasto público del IECM.
A decir de Villanueva Ramos, entre los movimientos que se proponen en el organismo electoral está la fusión de la Comisión de Asociaciones Políticas y la Comisión de Fiscalización, mientras que la Comisión de Educación Cívica y Construcción Ciudadana se fusionará con la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos para crear la Comisión de Quejas, agregando sus respectivas facultades.
“Se generará el mecanismo legal que facilite la actividad electoral y ponga en el centro del gasto el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía (…) no se puede hablar de una verdadera democracia si los problemas de igualdad no son atendidos de manera eficiente”, declaró.
El diputado integrante de la bancada de Morenas, aludió los altos gastos por persona en materia electoral en la metrópoli, que superan a entidades como el Estado de México, a la vez que aclaró que con las reformas propuestas, se calcula un ahorro de 52 millones de pesos al año.
Por la fracción parlamentaria del PRD, la diputada Gabriela Quiroga Anguiano, contrario a la postura del morenista, señaló que el organismo público no tiene certeza sobre cuál es el impacto de esta reducción presupuestal referente a sus funciones, sobre todo en cuanto a las áreas técnicas, lo cual requiere un análisis profundo con datos precisos.
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En su momento, el legislador del PAN Diego Orlando Garrido López, señaló que es preocupante lo que se propone por la supresión de áreas técnicas, con la acotación de que el instituto electoral tiene la facultad de realizar su propia reestructuración.
Refrendó que la fusión de comisiones genera pérdida de funciones y personal especializado que es necesario para cumplir efectivamente con sus tareas.
El diputado panista Ricardo Rubio Torres, dio cuenta que según tratados internacionales y leyes federales, todo órgano debe contar con una unidad de género y derechos humanos especializados en sus funciones e independiente de cualquier otra área que realice el órgano de gobierno.
Dentro de ese contexto, la diputada del PRI Maxta Iraís González Carrillo, estableció que los funcionarios del instituto han manifestado su aceptación a la reingeniería, sin embargo, pidieron ser parte del análisis y las propuestas.
Por la asociación parlamentaria Ciudadana, Daniela Gicela Álvarez Camacho, dijo que debe protegerse la autonomía del instituto y buscar otros mecanismos para generar ahorro en la capital.
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