El Estado de México se encuentra dentro de las entidades del país que durante 2022 registraron el mayor número de víctimas de extorsión, de acuerdo con el informe denominado “Cuatro años perdidos en materia de seguridad”, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), tras alertar que la seguridad en el país está sostenida por alfileres.
En este documento, se advierte que 2022 se caracterizó por alcanzar indicadores históricos en las tasas anuales de extorsiones, narcomenudeo, trata de personas, violaciones, violencia familiar, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal y contra la libertad personal.
La tasa acumulada en los cuatro primeros años del actual sexenio tan solo en el delito de extorsión es de 28.08 por ciento, por lo que el cambio porcentual del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en comparación con el de Enrique Peña Nieto, es de 31.06 por ciento.
Los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública indican que el Estado de México cerró 2022 con 4 mil 253 delitos de extorsión, en comparación con los 3 mil 302 registrados en 2021, lo que representa un incremento del 28.8 por ciento.
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, dijo durante una transmisión por sus plataformas digitales, que el año pasado se alcanzó en México el cuarto lugar en la tasa anual de feminicidios y el quinto lugar en homicidios dolosos.
Advirtió que revertir este saldo se percibe improbable para 2023 y 2024 ya que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública camina en piloto automático, y que “no es momento para la autocomplacencia”, dijo.
El estudio muestra cómo en 2022 las tasas anuales de incidencia de extorsión, violación, violencia familiar y narcomenudeo alcanzaron máximos históricos y las entidades donde hubo más víctimas de cada uno de estos fenómenos delictivos.
Si quieres recibir las noticias en tu Whatsapp, envía la palabra ALTA a este enlace
Por ejemplo, Zacatecas, Estado de México y Baja California Sur fueron las tres entidades con mayor número de víctimas de extorsión, mientras que Guanajuato, Coahuila y Baja California alcanzaron el récord en narcomenudeo.
El director del ONC explicó que la estrategia de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha avanzado sin tener contrapesos políticos reales, esto “porque la marea guinda ha impulsado la legitimidad legislativa y federativa necesaria para su implementación, sin importar lo pobre de sus resultados”.
La evidencia recopilada por el ONC enfatiza que a pesar del “cambio de estrategia” del gobierno federal, las organizaciones delictivas no solo han permanecido, sino que su operación ha evolucionado en detrimento del bienestar de la población. Actividades como el tráfico de fentanilo, la trata de personas, las extorsiones, entre otras minan la seguridad y limitan el ejercicio de los derechos fundamentales.
Agregó que si bien, en el tema de seguridad se han realizado reformas del marco jurídico, los efectos han sido mínimos o nulos en algunos rubros. Por ejemplo, el incremento de penas para diversos delitos, cambiar la estructura del Poder Judicial, creación de la Ley de la Fiscalía General de la República.
No olvides seguirnos en Google Noticias para mantenerte informado
A pesar de que el gobierno federal prometió acabar con la impunidad, no ha generado herramientas jurídicas adecuadas para cumplirlo, indica el reporte. La “receta mexicana para la pacificación del país” ha sido superada por la realidad, prueba de ello es que la reducción de la violencia en 180 días que auguraba el ex secretario de seguridad, Alfonso Durazo, simplemente no sucedió.
Francisco Rivas explicó que los instrumentos de planeación revelan una carencia de estrategia de seguridad. La austeridad y el cambio de paradigma de seguridad pregonado por el gobierno federal, no se ven materializados en el gasto público en seguridad. El presupuesto ejercido sigue concentrándose en “Combate al crimen” y en menor medida a prevenir el delito y a procurar e impartir justicia.
El informe también enfatiza que el principal riesgo de las acciones de gobierno es seguir asignando nuevas funciones a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. En toda democracia, “el incremento del poder militar sobre el civil debería encender las alarmas” afirmó el director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem