En el sexenio del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador se incrementó el número de feminicidios y los recursos asignados para combatir esta alerta no se liberaron, afirmó la diputada del Estado de México, Mercedes Colín Guadarrama.
Tras lamentar que frente a este fenómeno tampoco se consiguió la capacitación del personal de las diferentes instancias de gobierno y de impartición de justicia, la legisladora llamó a fortalecer las acciones para frenar los asesinatos de género.
En el recinto legislativo, previo a la ceremonia del Congreso de la Unión, la diputada del PRI agregó que el Estado de México requiere dejar atrás la declaratoria de alerta de género por feminicidio, sin dejar de lado el hecho de que el territorio estatal enfrenta otra emergencia social por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el gobierno de López Obrador, al corte del 31 de agosto de 2024, existe un acumulado de 6 mil 87 feminicidios.
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En 2018, año en el que arrancó la administración del tabasqueño, se registraron 899 casos; en 2019 hubo 944; en 2020 se presentaron 8947; en 2021 la cifra fue de 981; en 2022 las carpetas de investigación por este delito sumaron 961; en 2023 el número de denuncias fue de 832, y en 2024, al 31 de agosto, los asesinatos de género fueron 523.
Las declaraciones de Mercedes Colín Guadarrama se dieron frente a representantes de la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Al respecto, la titular de la comisión legislativa que da seguimiento a las dos alertas de género que hay en el territorio mexiquense, Ana Yurixi Leyva Piñón, manifestó que la violencia de género es una amenaza constante y no hay resultados suficientes ni satisfactorios.
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Advirtió que mujeres del Estado de México están más expuestas a las violencias que en otras regiones del país, por lo que se pronunció por evaluar las acciones contra la violencia hacia las mujeres con honestidad, reestructurar las políticas públicas, reasignar recursos económicos, técnicos y humanos, y plantear soluciones que realmente funcionen para brindar resultados precisos en esta lucha.
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