La alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández se comprometió con vecinos y vecinas de la colonia San Antonio, a revisar las sanciones vigentes en la ley relacionadas con el robo de instalaciones y tuberías de gas, pues dichas conductas atentan contra la seguridad y la vida de las personas, por ser un delito de impacto social.
“El problema es que aunque los agarremos luego, luego los sueltan por el monto, la cuantía, por lo que sea; vamos a pedirle a nuestra Dirección de Asuntos Jurídicos que revise la ley para ver que no los suelten”, sentenció.
Lo anterior, tras escuchar constantemente la preocupación de la ciudadanía sobre esta problemática durante los recorridos que realiza por pueblos, barrios y colonias de Azcapotzalco con su programa Martes Vecinal; en la audiencia pública del Miércoles Ciudadano en la explanada de la alcaldía o durante sus visitas a las unidades habitacionales con su programa Sábados de la Unidad.
La funcionaria dijo que estudiará con detenimiento las sanciones vigentes, ya que no reflejan el principio de proporcionalidad de la pena con los daños que ocasionan como suspensión de servicio y pérdidas económicas que generan a los afectados al reponer continuamente las piezas sustraídas, aunado a que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de las personas.
Por lo que para reforzar la seguridad e inhibir este y otros delitos en la demarcación, Saldaña Hernández informó que a la fecha se han instalado 700 cámaras de vigilancia en 22 unidades territoriales, como parte de los proyectos ganadores de Presupuesto Participativo 2022, así como la entrega de mil 053 alarmas vecinales.
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La Dirección General de Asuntos Jurídicos analiza, en conjunto con la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación, el diseño de una estrategia jurídica apegada a derecho y sustentada en un soporte técnico, que permitan demostrar el impacto real de la comisión de estos delitos ante agencias de la fiscalía y otras autoridades judiciales, con la finalidad de que sean impuestas sanciones más severas contra estos transgresores de la ley.
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