En lo que va del actual sexenio en el Estado de México, que inició en septiembre de 2017 y terminará el mismo mes de este año, el incremento de personas encarceladas ha sido de 33.4%, mientras que la sobrepoblación en las 21 prisiones para adultos es mayor a 150%, lo que potencia los riesgos de fugas o motines.
De acuerdo con el recién creado Atlas de la Seguridad del Estado de México 2022, documento que fue elaborado como herramienta para combatir a los criminales, las autoridades estatales consignan el reto del sobrecupo de reclusos, factor que se traduce en estado de alerta si las condiciones rebasan a las autoridades penitenciarias.
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En septiembre de 2017, al iniciar el gobierno de Alfredo del Mazo Maza, había alrededor de 26 mil 600 personas privadas de su libertad, y actualmente la cifra asciende a 34 mil 700, lo que representa un aumento del 33.4%.
Las 21 cárceles para adultos (el Estado de México cuenta también con un Centro de Internamiento para Adolescentes, conocido como “Quinta del Bosque”, ubicado en el municipio de Zinacantepec) poseen una capacidad instalada de 13 mil 866 espacios para reclusos. Sin embargo, la población actual es de 34 mil 700, lo que representa una sobreocupación de más de 150%.
Según Jacobo Olaf Rodríguez García, subsecretario de Control Penitenciario, y Manuel Palma Rangel, quien fungió como exsubsecretario de Control Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, hasta el 4 de diciembre de 2022, ambos autores del capítulo relacionado al sistema penitenciario en el Atlas de la Seguridad del Estado de México, en las cárceles mexiquenses los desafíos siguen siendo enormes.
El documento advierte que los centros más poblados son Ecatepec, Neza Bordo y Tlalnepantla, por lo que requieren de una atención especial dentro del sistema penitenciario. En dichos centros se ha detectado el mayor índice de conflictividad y fueron el epicentro de los motines y evasiones en 2016 y 2017.
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De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado en 2017, esos centros carcelarios también registraban las peores calificaciones en todo el sistema estatal, con 5.62, 5.17 y 5.05, respectivamente.
De esta manera, la situación se complica aún más con el ritmo de crecimiento de la población penitenciaria, lo que implica mayores presiones para el sistema penitenciario. Con base al promedio de crecimiento, se calcula que para septiembre de 2023 la población en reclusión sea del orden de los 36 mil 233 reos.
Esta situación ubica a la sobrepoblación como el principal riesgo y obstáculo institucional para favorecer la reinserción social y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
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No obstante, el Atlas de la Seguridad del Estado de México establece que a partir de septiembre de 2017, el gobierno del Estado de México ha concentrado esfuerzos en instrumentar un Nuevo Modelo Penitenciario para garantizar la seguridad, la estabilidad y el respeto de los derechos humanos en los centros penitenciarios mexiquenses.
Este nuevo modelo pretende homologar protocolos y estructuras institucionales que por años han estado fragmentadas, a fin de garantizar que el sistema opere de forma eficiente y efectiva. Asimismo, la construcción de nuevas capacidades y la reingeniería institucional en materia penitenciaria son un componente esencial.
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La tarea de reorientar los procesos y el funcionamiento en general del sistema penitenciario se inició con la construcción de un modelo de gestión penitenciaria. Este modelo incluye tres componentes centrales: el capital humano, la aplicación estricta de protocolos y procedimientos, y la modernización de la infraestructura y las tecnologías.
El sistema penitenciario del Estado de México es el más grande del país y está integrado por 20 centros penitenciarios y de reinserción social, más la Penitenciaria Modelo, y un Centro de Internamiento para Adolescentes, además de las 23 preceptorías juveniles regionales.
En términos generales, el Nuevo Modelo Penitenciario impulsado por el gobierno del estado se orienta a mejorar las condiciones de reclusión y los programas de reinserción social. Esta perspectiva se inscribe en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y en el Decálogo de Seguridad.
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