La Consejería Jurídica y de Servicios legales de la Ciudad de México lleva a cabo expropiaciones para atender el rezago que por años ha existido en movilidad, vivienda e infraestructura.

La dependencia explicó que el crecimiento de zonas urbanas y la constante migración del interior de la República Mexicana a la Ciudad de México, genera la necesidad de ampliar la red de servicios públicos, contar con opciones de vivienda digna, crear nuevos núcleos urbanos sustentables e incluyentes.

Por ello, la actual administración capitalina realiza acciones para la incorporación de propiedad mediante procedimientos de expropiación, desincorporación o afectaciones y atender el rezago que por años ha existido en estos rubros.

La coordinación con las diversas autoridades de la administración pública, como Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y Secretaría de Gobierno, han generado las sinergias necesarias para atender y canalizar las demandas que son realizadas por los ciudadanos y las mismas autoridades.

Es así que del 1 de Agosto de 2019 al 31 de Julio de 2020 se llevaron a cabo más de 120 reuniones interinstitucionales, 70 reuniones con organizaciones y colectivos, 2 modificaciones al marco normativo jurídico aplicable, con el objetivo de generar las condiciones óptimas y más agiles en la integración de las carpetas para la substanciación y ejecución de los procesos y atender las necesidades inmobiliarias que requiere la Ciudad de México derivado de su constante crecimiento.

Durante este periodo, se ha concluido con los proyectos para emitir los decretos expropiatorios, con el objeto de dar cobertura a 17 proyectos de vivienda, y uno adicional para la ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo, este último beneficiará a un millón de usuarios de este sistema.

Con los Procedimientos de Expropiación y Desincorporación se benefician a todos los sectores de la población, ya que los procedimientos respectivos van encaminados a satisfacer necesidades propias de la Ciudad, como lo son: mejorar la movilidad de la Ciudad, atender necesidades de vivienda de interés social y popular, regularizar la tenencia de la tierra a efecto de genera certeza jurídica a sus poseedores, entre otras.

El crecimiento poblacional y la alta migración en la Ciudad de México hace cada vez más difícil dar cobertura de servicios públicos, atender la demanda de vivienda digna y mejoramiento de núcleos urbanos sustentables e incluyentes, para ello se realiza acciones de gobierno para la incorporación de propiedad mediante procedimientos de expropiación, desincorporación o afectaciones, mismas que se garantizan con el pago correspondiente y/o reversión correspondiente.

En la actualidad se han realizado 324 expedientes radicados para sustanciar el procedimiento de pago de indemnización, afectación y reversión.

De estos, existen casos que tienen más de 20 años en proceso de integración para emitir la resolución administrativa de pago de indemnización y reversión, lo que ha ocasionado el deterioro de la confianza de los peticionarios en las instituciones, por lo que durante el periodo del 1 de agosto de 2020 al 31 de Julio de 2020 se buscó incrementar el número de resoluciones emitidas y recuperar la confianza de los ciudadanos en esta administración que hayan acreditaron su interés jurídico para procedencia y dictamen del pago de la indemnización constitucional correspondiente.

Tomando en cuenta lo anterior se revisó el proceso de atención proporcionado por la dependencia, detectando áreas de oportunidad para agilizar la respuesta de las dependencias y entidades involucradas en la sustanciación de los expedientes.

Lo anterior genera un sistema de seguimiento oportuno a los expedientes y la coordinación con las diversas autoridades a efecto de que los requerimientos fueran contestados en un menor tiempo y estar en condiciones de proporcionar certeza jurídica a los particulares para recibir el pago de la indemnización o bien para verificar la reversión en los casos que proceda, buscando resarcir a los particulares afectados por las obras o expropiaciones realizadas.