Un presupuesto para el 2024 de 710 millones 946 mil 772 pesos, que equivale a 195 millones 899 mil 830 pesos más, en comparación a los 515 millones 46 mil 942 de 2023, solicitó la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACM), Estela Fuentes Jiménez.
Durante la mesa de trabajo con diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del congreso capitalino, señaló que los recursos aprobados por el Congreso local han disminuido en ocho por ciento durante los últimos años, por lo que tienen un déficit presupuestal de los ejercicios 2020 a 2022 de 114 millones 587 mil 388 pesos, que ha sido cubierto principalmente por el Fondo de Contingencias Laborales, mismo que se encuentra actualmente agotado.
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En la sesión que se llevó a cabo en la modalidad a distancia, a fin de analizar, discutir y aprobar el paquete económico local para el ejercicio fiscal 2024, refirió que el déficit de 2023 es de 33 millones de pesos el cual se tendría que cubrir con recursos de 2024, ya que son gastos “ineludibles, pues se trata meramente de obligaciones laborales”. Además, recordó que 89 por ciento del presupuesto se destina para el pago de nómina y el pago de arrendamiento de tres edificios. “Somos el único órgano autónomo que no tiene una sede propia”, señaló.
Tribunal Judicial Administrativo, sin sede por falta de recursos
La titular del TJACM aseveró que, si bien se les donó un terreno en donde se pensó realizar la sede del tribunal, éste no se ha podido concretar por la falta de recursos, ya que la construcción tiene una estimación de mil millones pesos, aunado a un bloqueo que existe actualmente de un grupo de personas que impide el acceso al inmueble.
Fuentes Jiménez, en su exposición inicial en la mesa de trabajo moderada por la secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la legisladora prísta Mónica Fernández César, ante la ausencia de la diputada morenista Valentina Valia Batres Guadarrama, apeló a la sensibilidad de los congresistas y les pidió que los recursos solicitados sean destinados a la operación de la dependencia, con base en las actividades programadas para el ejercicio 2024 y para la rehabilitación del inmueble que les fue otorgado en Calzada de Zaragoza número 491. Asimismo, los conminó a que establezcan para el Tribunal de Justicia Administrativa el 0.26 por ciento del presupuesto general de la ciudad para ser ejercido en forma autónoma.
Al responder a los cuestionamientos de los representantes populares, la magistrada presidenta detalló que desde la creación de esta dependencia su principal erogación ha sido el capítulo 1000, a la vez que dijo que desde hace años se cuenta con 790 servidores públicos que trabajan a marchas forzadas ante un aumento constante de la carga de trabajo.
Mencionó que con el recurso solicitado se podrá poner en marcha proyectos como el juicio en línea, y se realizarán mejoras en el servicio e infraestructura de la Sala Ordinaria Especializada, además se podrá responder al pago de renta de espacios ocupados por el tribunal, contar con el material necesario para el desarrollo procesal y el pago de haberes de retiro.
Precisó que, en materia de defensa y orientación a la ciudadanía, el impacto será en la atención y celeridad en la impartición de justicia, pues se cuenta con 16 abogados especializados que atienden a todos los habitantes de la capital.
Aseveró que ante la falta de recursos el tribunal comunica a la ciudadanía a través de redes sociales, información impresa, un boletín electrónico y actividades en las alcaldías.
Hizo notar que el juicio en línea es necesario para dar cobertura a todas las demandas de la ciudadanía, sin embargo, no se ha implementado porque no han sido otorgados los 7 millones de pesos requeridos. Puntualizó que se necesita el apoyo del gobierno capitalino para ocupar los inmuebles que requieren rehabilitación o que están en litigio.
Legisladores piden intervención de Gobierno para recuperar predio invadido
Informó que en su gestión se ha trabajado en cuatro ejes, que son el fomento de la igualdad de género en el ámbito institucional, impartición de justicia con perspectiva de género, sensibilización y difusión, y vinculación de todas las actividades a este enfoque.
Estela Fuentes, en su mensaje final, aseguró que hoy más que nunca el tribunal requiere del apoyo invaluable del Congreso local. Recordó que el TJA tiene la tarea no sólo de lo contencioso administrativo, sino también la competencia en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración.
Consideró que la buena voluntad de las y los diputados permitirá a la institución continuar con sus funciones sin presiones presupuestales. “Estamos plenamente conscientes que la gestión pública debe construirse a partir de la premisa fundamental de una buena gestión en la administración de los recursos asignados”, expresó.
Por su parte Mónica Fernández, en su mensaje de bienvenida, expresó que esta reunión permite a la ciudadanía conocer el destino de los recursos producto de sus contribuciones, así como las prioridades de la dependencia para el siguiente año.
En la ronda de intervenciones, el diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, de la asociación parlamentaria Ciudadana, aseguró que las medidas de austeridad afectan significativamente el desarrollo de las actividades del tribunal, además que parte de su presupuesto se designa al pago de arrendamiento. En este sentido, preguntó que si en caso de contar con un patrimonio propio sería necesario fijar el porcentaje presupuestal solicitado.
De la asociación parlamentaria Izquierda Liberal, su coordinador el diputado Jorge Gaviño Ambriz, recordó que este tribunal afronta problemas con la renta de inmuebles, por eso llamó a la Secretaría de Gobierno para recuperar un terreno que no han podido ocupar, hacer un estudio estructural y evalúo de ese espacio y junto con la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México se adecue el predio o en su caso tener la posibilidad de que al tribunal se le entregue algún inmueble decomisado para poder ofrecer sus servicios.
Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, su coordinadora la congresista Elizabeth Mateos Hernández, reconoció el trabajo de la dependencia y dijo que es importante conocer las actividades en riesgo sin el aumento presupuestal solicitado, así como la opinión de la titular sobre la propuesta de reforma a la Ley de Justicia Administrativa de la CDMX, para que la suspensión solicitada sea de dos tipos, preventiva y definitiva.
El diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador de la asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, felicitó la labor realizada por la dependencia, a pesar de contar con un presupuesto limitado y una carga de trabajo en aumento, reconoció la racionalización de los gastos para su funcionamiento; consideró el desarrollo del personal y la modernización de la infraestructura y herramientas tecnológicas como áreas de oportunidad.
La vicecoordinadora de la bancada del PRD, Polimnia Romana Sierra Bárcena, cuestionó cómo pudieron seguir operando a pesar del déficit presupuestal de 2023, de qué manera fueron afectadas las finanzas y “si hay penas convencionales por falta de pago, intereses, servicios e insumos más costosos, sentencias o laudos cuyos montos a pagar se han incrementado”.
Con la representación del PRI, Mónica Fernández César señaló que la administración realizada en esta institución ha sido eficiente a pesar de tener un presupuesto decreciente, en este sentido requirió conocer los impactos inmediatos que podrían generarse de no contar con el presupuesto adicional solicitado.
De la fracción parlamentaria del PAN participó el legislador Diego Orlando Garrido López, quien subrayó que el ejercicio del gasto ha sido eficaz y eficiente, por lo que no se justifica un recorte presupuestal para 2024, y preguntó que en caso de que el predio invadido que estaba destinado para sus operaciones continúe en la misma situación a cuánto ascienden las pérdidas y si emprenderán juicios para liberarlo.
En su oportunidad, el legislador de Morena José Fernando Mercado Guaida, reconoció las medidas de austeridad y optimización de recursos adoptados, sin detrimento de sus actividades. De igual forma solicitó información de las acciones implementadas para el fortalecimiento del Programa de Capacitación y Formación Profesional, y cuestionó si actualmente es real y materialmente sustentable.
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